El presidente del Constitucional, Pedro González-Trevijano, anunció este martes en la Cadena SER que el tribunal intentará aprobar “en unos meses” la sentencia sobre la ley del aborto. Con este fin, informó, ya ha pedido al nuevo ponente del caso, el magistrado Enrique Arnaldo, que elabore un proyecto de fallo que pueda ser sometido a deliberación “en un plazo razonablemente breve”.
Esta previsión de Trevijano apunta a que el texto será debatido, y en su caso aprobado, antes de que el Tribunal Constitucional —donde el sector conservador es ahora mayoritario por siete a cinco— pueda contar a partir de junio próximo con una mayoría progresista tras la renovación de cuatro magistrados por parte del Gobierno y del Poder Judicial. Trevijano defiende una sentencia rápida con mayoría conservadora sobre la ley de plazos que aprobó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010, fue recurrida por el PP aquel año y 11 años después no se ha debatido.
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La segunda renovación implicará la designación de dos magistrados por parte del Gobierno y de otros dos por iniciativa del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), si ha recuperado la facultad de efectuar nombramientos. Esta competencia está ahora suspendida en virtud de la ley que impulsó el PSOE para privar al Consejo —cuyo mandato terminó hace tres años— de la posibilidad de nombrar a altos cargos del aparato judicial mientras siga en funciones. A la espera de esta segunda operación de relevos, el sector conservador del Constitucional cuenta con siete magistrados, y el progresista con cinco. La correlación de fuerzas se invertirá, sin embargo, con los cambios de junio próximo, a partir de los cuales el bloque progresista contará con siete votos, y el conservador con tres.
En cuanto a sus planes inmediatos, el recién elegido presidente del tribunal de garantías, que tendrá presumiblemente el mandato más corto en la historia del órgano, detalló: “El Constitucional no puede permitir estar más tiempo sin resolver el asunto del aborto. Llevamos 11 años y creo que es una exigencia de la ciudadanía que resolvamos, y que resolvamos pronto. Creo que en unos meses tendremos un texto que se podrá someter, por lo menos, a votación, y que los magistrados serán también responsables y tratarán de hacer un esfuerzo y dar una respuesta. Lo que sí estoy de acuerdo es que con 11 años es difícil de justificar que ni siquiera haya llegado a debatirse”.
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Preguntado sobre el retraso de esta sentencia, Trevijano ha manifestado: “Yo acabo de llegar a la presidencia del Constitucional. No he sido ponente de este asunto. Todo lo que afecta a la interrupción voluntaria del embarazo es siempre complejo y problemático. En España, cuando se aprobó la ley que despenaliza el aborto en una serie de supuestos, el Constitucional se fragmentó y fue el voto de calidad de su presidente, Manuel García Pelayo, el que declaró la inconstitucionalidad inicial de la ley. El segundo proyecto aprobó la despenalización en cuatro supuestos específicos, pero entre 12 magistrados hubo nada menos que cinco votos particulares en contra, y este es un contexto que sucede en los países de nuestro entorno. En Estados Unidos, hasta el año 1973 no se constitucionalizó el derecho al aborto”.
El retraso en la tramitación del recurso del PP contra la Ley del Aborto provocó en junio pasado la presentación de una querella, ya archivada por el Supremo, contra tres expresidentes del Constitucional y un exmagistrado por supuesto retardo malicioso en resolver el asunto. También se presentó una denuncia en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
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