A medida que pasan las horas y los diversos actores políticos van tomando posición, cada vez es más evidente que el presidente tunecino, Kais Said, podrá negociar desde una posición de fuerza la salida a la crisis institucional que abrió el pasado domingo al arrogarse plenos poderes, destituir al primer ministro, y suspender la actividad del Parlamento. Aunque sus adversarios, con el partido islamista moderado Ennahda a la cabeza, condenaron sus acciones calificándolas de “golpe de Estado”, durante las últimas horas han optado por rebajar el tono, por lo que se aleja el fantasma de una confrontación civil. El hecho de que el primer ministro cesado, Hichem Mechichi, aliado de Ennahda, haya roto su silencio para aceptar su destitución también ha ayudado a templar los ánimos.
Después de una reunión de su máximo órgano de gobierno el lunes por la noche, Ennahda emitió un comunicado en el que instaba a Said a retomar la senda constitucional, y urgía a abrir un proceso de diálogo con el fin de resolver la crisis y salvaguardar la democracia. “El movimiento hace un llamamiento a todos los tunecinos a una mayor solidaridad, sinergia y unidad para hacer frente a todos los llamamientos a la sedición y a la confrontación”, rezaba el comunicado.
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Ennahda rectificaba así su estrategia en las horas posteriores al órdago de Said. Entonces, los cuadros islamistas alentaron a sus militantes a concentrarse frente a las puertas del Parlamento, tomado y clausurado por las fuerzas de seguridad. En diversas ocasiones, se produjeron escenas de tensión entre policía y centenares de manifestantes, al intentar estos últimos irrumpir por la fuerza en la sede parlamentaria. Asimismo, también hubo altercados menores con seguidores de Said que se acercaron al lugar. En cambio, este martes, las calles recuperaron la calma y no se registró ningún incidente.
La evolución en el frente internacional también ha sonreído a los intereses del heterodoxo presidente tunecino. Si bien la primera reacción de una potencia, Turquía, fue de censura contundente, las siguientes han avalado sus tesis, como en el caso de Arabia Saudí, o al menos se han limitado a ponerse de perfil, como los EE UU y Francia, dos países con una gran influencia magrebí.
El secretario de Estado, Antony Blinken, habló este martes por teléfono con Said y le transmitió el apoyo de Washington a Túnez, y reiteró la importancia de que se garanticen los derechos y las libertades, igual que hizo el Consejo Europeo. El día anterior, la Casa Blanca rechazó que se hubiera producido un golpe de Estado. En cambio, Egipto y Emiratos Árabes, que algunos analistas señalan como los arquitectos de la demostración de fuerza de Said por su hostilidad hacia los movimientos islamistas, han optado por la discreción.
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La decisión de Said de concentrar todos los poderes en sus manos en una controvertida interpretación del artículo 80 de la Constitución, reservado para aquellos casos de “peligro inminente” para la seguridad nacional, ha dividido a la sociedad tunecina. Las primeras reacciones de los partidos políticos señalaron la “deriva inconstitucional” del presidente, pero en las últimas horas Said ha recabado valiosos apoyos. Por ejemplo, el del PDL de Abir Moussi, ex dirigente del partido único del dictador Ben Alí, de cuyo derrocamiento se cumplen 10 años, que ahora lidera los sondeos para unas hipotéticas elecciones legislativas. Asimismo, algunos líderes del segundo partido del Parlamento, Qalb Tunis, como el diputado Ossama Khlifi, han rectificado su oposición a lo que habían calificado de “golpe”, y ahora defienden la legitimidad del gesto.
La robusta sociedad civil tunecina ha acogido con escepticismo, pero no abierta hostilidad, las maniobras de Said. Tras una reunión, en la que el presidente les aseguró que sus medidas excepcionales eran “temporales”, varias organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la poderosa central sindical UGTT, firmaron un comunicado conjunto en el que exigían a Said una hoja de ruta clara, y que la suspensión del normal funcionamiento de las instituciones no se prolongara más de un mes. Por su parte, el Consejo Superior de la Magistratura reivindicó la independencia de los jueces y alertó ante posibles interferencias del poder Ejecutivo tras el cese del ministro de Justicia.
