Ha sido un juego del gato y el ratón durante las últimas semanas. Desde que Virginia Roberts Giuffre interpuso una denuncia por abuso sexual contra el príncipe Andrés en un tribunal de Nueva York, el pasado 10 de agosto, el hijo de Isabel II ha intentado evitar a toda costa que le llegara la notificación formal. Incluso abandonó su estancia habitual de Windsor para desplazarse, junto a su exesposa, Sarah Fergusson, al castillo de Balmoral, en Escocia, donde la reina sigue disfrutando de sus vacaciones estivales.
Virginia Giuffre acusa al duque de York de abusar de ella en 2001, cuando era menor de edad (17 años), en el apartamento londinense de Ghislaine Maxwell, actualmente en prisión y que actuaba presuntamente entonces como conseguidora de “esclavas sexuales” para el millonario pedófilo estadounidense, Jeffrey Epstein. Giuffre hace referencia en su denuncia a dos encuentros con el príncipe Andrés, en Londres y en el apartamento de Epstein en Nueva York. El segundo hijo varón de Isabel II ha negado tajantemente esta acusación, hasta el punto de asegurar que no recuerda haber conocido personalmente a la mujer. Existe, sin embargo, una foto tomada en el mismo apartamento londinense de Maxwell en la que ve al príncipe agarrar de la cintura a una joven Giuffre.
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Los documentos registrados en el tribunal estadounidense que lleva el caso indican que la notificación formal de la denuncia se realizó el pasado 27 de agosto. Un agente judicial hizo entrega del documento a las 9.30 de la mañana de aquel día (10.30, hora peninsular española) a uno de los oficiales de la Policía Metropolitana que vigilaba el Royal Lodge de Windsor, las instalaciones donde residen los duques de York. El día antes, según el relato depositado en el tribunal, los policías se habían negado a recibir la notificación.
A partir de este momento, los plazos judiciales se ponen en marcha. Andrés dispone hasta el 17 de septiembre para responder a la notificación. Se trata, sin embargo, de una demanda civil que persigue una indemnización pecuniaria. No es un procedimiento penal impulsado por la Fiscalía estadounidense, con lo que el equipo legal del príncipe puede optar por no responder, y evitar que su cliente se embarque en un litigio que perjudicaría aún más su imagen ante la opinión pública.
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Giuffre podría seguir adelante con su acusación, e incluso obtener una sentencia condenatoria que conllevara la fijación de la cantidad a pagar. En ese caso, el príncipe Andrés debería pensárselo dos veces antes de viajar a Estados Unidos, porque podría verse sometido a una orden de ejecución forzosa.
La demanda interpuesta por Giuffre utiliza términos de extrema dureza para acusar al hijo de Isabel II. Asegura que fue “forzada, bajo amenazas directas y expresas de Epstein, Maxwell y el príncipe Andrés, a realizar actos sexuales con el príncipe Andrés, hasta el punto de temer la muerte, daños físicos u otras repercusiones en su contra si desobedecía, a que los tres tenían conexiones poderosas, riqueza y autoridad”, dice el documento legal.
Aunque la reina tenga gestos de cariño hacia el que, según se ha entendido siempre, es el hijo al que más afecto tiene, el Palacio de Buckingham ha tomado una distancia sideral de los problemas legales de Andrés. Se ha evitado cualquier comentario oficial o extra oficial al respecto, para remitir en todo momento las consultas al equipo legal o al despacho de relaciones públicas que ha asumido la representación del duque de York. La respuesta del despacho a las últimas informaciones, una vez llegada a Windsor la notificación judicial, ha sido: “Sin comentarios”.
