El vertedero de Nerva (Huelva) recibirá antes del 10 de mayo 70.000 toneladas de residuos peligrosos procedentes de Montenegro y este polémico traslado a granel mediante una decena de barcos y unos 2.800 camiones lo ha puesto en el punto de mira. El PSOE andaluz ha exigido este jueves a la Junta su cierre inmediato, mientras que el presidente, Juan Manuel Moreno (PP), insiste en un “cierre progresivo” de la planta, sin concretar fechas.
Al buque Muzaffer Bey, que el pasado lunes inició el trasvase de 5.300 toneladas de granalla ―un residuo industrial peligroso con volumen arenoso― a camiones, se le sumó este jueves el Dakota, que transporta 7.500 toneladas. Esas 12.800 toneladas se trasladarán en 500 camiones, pero durante dos meses y antes del 10 de mayo llegarán del mar Adriático hasta Sevilla un total de 70.000 toneladas. Este flujo de granalla, tierras y piedras contaminadas se traducirá en un intenso tráfico por carreteras secundarias de 2.800 camiones ―con unas 25 toneladas cada uno― en solo dos meses, para finalmente enterrarlos en la gran cloaca de 60 hectáreas de Nerva.
Para lograr que este sea el último traslado de residuos peligrosos internacionales, con el riesgo ambiental que implica, el PSOE andaluz presentará este viernes una iniciativa en el Parlamento autonómico para instar a la Junta a que clausure el vertedero cuanto antes. “Hace años que el vertedero perdió su interés social y ha creado una guerra y una problemática social entre los vecinos enfrentados. Ahora pedimos una hoja de ruta para el cierre responsable del vertedero y reubicar a las 200 personas afectadas”, avanza la presidenta de la Diputación de Huelva, María Eugenia Limón (PSOE). Los socialistas reclaman a la Junta, en este año electoral en Andalucía, que constituya una mesa de trabajo con el Ayuntamiento de Nerva, la empresa DSM y la Diputación de Huelva para abordar el cierre y la situación que provocará la eliminación de 40 empleos en un pueblo con 5.300 habitantes.
Mientras, el Ayuntamiento de Nerva aumenta la presión para cerrar la planta después de que la empresa del vertedero DSM, dejara de pagar el canon municipal que en su día fue de dos millones al año y hoy ha desaparecido. El alcalde, José Antonio Ayala (PSOE), ha aclarado: “Le pediremos a la Diputación ayuda jurídica para evaluar la retirada de la declaración de utilidad pública e interés social. Esta actividad industrial está asentada en suelo rústico, sometida a una declaración de utilidad pública que concedió una comisión de la Junta de Andalucía y queremos ver si se puede retirar”. “Esto ya no tiene retorno, utilizaremos todas las herramientas legales para el cierre responsable de la instalación, con una salida para el municipio y los trabajadores de la planta”, ha añadido el regidor. El dueño de la planta, Gonzalo Madariaga, rechaza opinar al respecto.
El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno (PP), ha indicado por su parte que el vertedero “debe ir clausurándose de manera progresiva, aunque buscando una alternativa”, porque el municipio “lo sigue necesitando”. La Junta tiene desde 2019 sobre la mesa un proyecto de la empresa DSM para ampliar su actividad y prorrogar otra década más el enterramiento de residuos peligrosos y no peligrosos, pero aún no ha contestado pese a que las alegaciones se presentaron hace ya un año y medio y el plazo legal para responderlas es de seis meses. Es decir, el Gobierno andaluz anuncia que es necesario aplicar un “cierre progresivo”, pero desde junio de 2020 evita aclarar el destino de la planta y mientras DSM ha recibido sustancias tóxicas de Italia, Grecia, Malta y Gibraltar.
Moreno ha destacado que su Gobierno ha instado a la empresa al “cierre del vaso 1 de los seis existentes”. El sellado de este depósito 1, que contiene residuos no peligrosos, lo llevó a cabo la empresa porque se había colmatado y por tanto ya no cabían más residuos, recuerda Ecologistas en Acción, que presentó alegaciones al proyecto de ampliación del vertedero para lograr su cierre.
La empresa DSM presentó la ampliación de su autorización ambiental en 2019 a la Junta, que incluye el denominado Proyecto Nerva 2030, el cual prevé elevar la rasante del camino perimetral cinco metros de media para “minimizar las escorrentías de agua” gracias a dos taludes, uno interior y otro exterior.
Este viernes el PSOE, IU, Ecologistas en Acción y otros colectivos han convocado una manifestación en Nerva para exigir el cierre del vertedero. “Es el momento de pasar a la acción, como lo hicieron nuestros antepasados hace 134 años, en 1888, enfrentándose a la todopoderosa Riotinto Company en la primera protesta contra las condiciones laborales en la mina de Riotinto”, reza su comunicado conjunto para movilizar a la población local.
El vertedero para residuos peligrosos nació en 1996 por decisión de la Junta presidida por Manuel Chaves y su consejero de Medio Ambiente, Manuel Pezzi, hoy presidente del PSOE andaluz. El jefe de gabinete de Pezzi entonces era Juan Espadas, secretario general de los socialistas andaluces y candidato a presidir la Junta en las próximas elecciones autonómicas que se celebran este año.
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