El PSOE pretende esquivar un posicionamiento político acerca de la petición de indulto parcial que este jueves ha presentado ante el Ministerio de Justicia la familia del expresidente de la Junta José Antonio Griñán, de 76 años. Las direcciones federal, andaluza y provinciales del partido responderán, ante cualquier pregunta al respecto, que la solicitud es una “decisión personal que supone el ejercicio de un derecho a una medida de gracia prevista en el ordenamiento jurídico”, como ya adelantó el PSOE andaluz a mediados de agosto. La Audiencia de Sevilla impuso una pena de seis años de cárcel al exdirigente socialista andaluz por un delito de malversación por el caso de los ERE, un fallo que el Tribunal Supremo confirmó el pasado julio, aunque aún se desconoce el contenido de la sentencia, en la que hay dos votos discrepantes.
La familia de Griñán, aconsejada por su abogado, José María Calero, ha decidido no esperar a conocer la sentencia para presentar la solicitud, al entender que no esgrimen razones jurídicas sino humanitarias para pedir el indulto. Se trata de poner ya en marcha el procedimiento para evitar que el expresidente andaluz y expresidente del PSOE pase “ni un solo día en la cárcel”, según fuentes próximas a Griñán.
Ese es el primer objetivo, con independencia de que, una vez que se conozcan los argumentos del Tribunal Supremo, la defensa de Griñán decida plantear más recursos jurídicos; por ejemplo, un incidente de nulidad o un recurso de amparo ante el Constitucional.
La petición de indulto parcial aún tardará en llegar a la mesa del Consejo de Ministros que preside el socialista Pedro Sánchez. La directriz que hay en el PSOE es la de mantener un prudente silencio y respetar la decisión de la familia de alejar “por completo de cualquier consideración política o jurídica relativa al fallo judicial” la solicitud de la medida de gracia.
Los socialistas creen que el PP pretende hacer una guerra política a cuenta del indulto y que la mejor manera de evitarla es no pronunciarse ni a favor ni en contra. Esa es la razón, según estas fuentes, por la que el secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, se pronunció el pasado miércoles sobre la cuestión aludiendo fríamente al reglamento.
Espadas invocó el artículo 8.1 del Código Ético del PSOE, que impide a los cargos públicos socialistas proponer o apoyar indultos por casos de corrupción, y explicó que por eso él no firmará la lista de apoyo a la medida de gracia que empezó a circular a mediados de agosto y que según fuentes conocedoras de la misma reúne ya las rúbricas de cerca de 4.000 personas, entre ellas la de Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero y Alfonso Guerra. El artículo citado por Espadas, en vigor desde 2014, señala: “Los cargos públicos del PSOE se comprometen a no proponer ni apoyar el indulto de cargos públicos condenados por delitos ligados a corrupción, violencia de género, delitos de acoso o discriminación, contra la libertad e indemnidad sexuales, torturas o contra la integridad moral, así como la comisión de hechos constitutivos de delitos graves”.
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Griñán conocía la posición de Espadas desde el día antes de hacerla pública y la comparte, según las fuentes consultadas. El deseo de su familia es que su petición no entre en el pimpampúm de los partidos. Muchos dirigentes y militantes socialistas se apresuraron a facilitar sus nombres y documentos de identidad, pero los impulsores del listado —entre ellos Rosa Conde, exministra con González, y Ramón Jáuregui, exministro con Zapatero― prefieren que los nombres que figuren sean representantes de la sociedad civil o ex responsables políticos de todas las formaciones, por lo que están haciendo una criba para que no haya militantes activos.
Sin plazos
La familia no ha presentado con prontitud su solicitud de indulto con el propósito de acelerar el expediente, sino para dejar claros los fines “humanitarios y de equidad” que estima que existen en este caso. La petición de gracia no tiene como base una discusión doctrinal sobre la sentencia. El curso que ahora ha de seguir el asunto pasa por plantear un incidente de nulidad de actuaciones en la Sala Penal del alto tribunal, por estimarse que se han vulnerado derechos fundamentales del recurrente durante la tramitación del recurso de casación. Si esta iniciativa no prospera, la Audiencia de Sevilla iniciaría los trámites de ejecución de la pena de seis años de prisión impuesta a Griñán, cuya defensa pediría a su vez la suspensión de dicha condena.
Dado que en ese momento ya estaría en trámite el expediente de indulto, y que Griñán presentaría un recurso de amparo ante el Constitucional, lo más probable es que la Audiencia de Sevilla acordase la suspensión de la ejecución de la pena. La defensa, por otra parte, siempre tiene en su mano la posibilidad de pedir esa misma suspensión al Constitucional, como medida cautelar mientras se tramita la petición de amparo. Esta secuencia de iniciativas se desarrollaría aproximadamente en el primer trimestre de 2023. El Constitucional puede acordar la suspensión y tramitar el recurso de amparo sin un límite de tiempo. Algunas de estas impugnaciones tardan años en resolverse. En paralelo, el expediente de indulto requiere informes del tribunal sentenciador y de la Fiscalía. La defensa considera que en este caso podría entenderse que el tribunal sentenciador es el Supremo, puesto que su sentencia de casación ha cambiado algunos aspectos del fallo inicial de la Audiencia de Sevilla, aunque no con respecto a Griñán. En todo caso, esos informes no son vinculantes, y el Gobierno, una vez que disponga de ellos, no tiene un plazo máximo para pronunciarse sobre la concesión del indulto, lo que implica que dispone de un amplio margen para tomar una decisión.
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