Las negociaciones entre bambalinas que los socios de investidura mantienen desde hace semanas en el Congreso para salvar los escollos que estancan la reforma de la ley de seguridad ciudadana, la conocida como ley mordaza, avanzan con más lentitud de la esperada. Y ello a pesar de que el PSOE ha recurrido a una maniobra parlamentaria para sortear uno de los puntos que les enfrentaba con parte de sus apoyos parlamentarios: su intención de dar a los funcionarios de prisiones la consideración de agentes de la autoridad, una antigua aspiración del colectivo por la que se agravarán las penas para aquellos que atenten contra su integridad y que dará a su testimonio presunción de veracidad.
Los socialistas y Unidas Podemos habían planteado una enmienda a la ley mordaza para incluir este cambio legal para los trabajadores penitenciarios como una disposición adicional de la norma. Es el mismo mecanismo que, por ejemplo, utilizó el PP en 2015, cuando aprobó el cuestionado texto actual para incluir las llamadas devoluciones en caliente de inmigrantes irregulares. Ante la negativa de ERC y EH Bildu a apoyar este punto —cuyos votos son fundamentales para sacar adelante la reforma—, el PSOE ha optado por transformar esta propuesta en una proposición para incluirla en otra norma, la Ley General Penitenciaria.
Esta ha conseguido en el debate del martes un amplio apoyo en las intervenciones del resto de partidos, por lo que previsiblemente el pleno aprobará el jueves su toma en consideración para la tramitación en el Congreso. Fuentes socialistas señalan que la idea de su grupo y Unidas Podemos es mantener por ahora la enmienda en la ley mordaza hasta conseguir que se apruebe definitivamente el cambio en la ley penitenciaria.
Salvado este escollo, aún quedan otros para llegar a un acuerdo con la futura ley de seguridad ciudadana. Uno de los principales es el artículo referido a la utilización de material antidisturbios y, en concreto, de las pelotas de goma por parte de la policía ante incidentes callejeros. El PSOE propone que se sigan usando, pero con un protocolo que regule estrictamente cuándo hacerlo. Sin embargo, ERC y EH Bildu exigen su prohibición. También hay diferencias sobre cómo modificar el artículo que recoge las sanciones por desobediencia (utilizado durante el estado de alarma por la pandemia para los que se saltaban el confinamiento) y el que contempla multas por faltas de respeto a los policías. Los socialistas no quieren tocar la redacción actual de ninguno, pero otros grupos aspiran a suavizarlos al considerar que se prestan a la arbitrariedad de los agentes.
Para solventar estas diferencias, los grupos partidarios de la reforma acordaron a comienzos de marzo ―con el apoyo del PP, entonces enfrascados en su crisis interna― posponer sin fecha las reuniones de la ponencia parlamentaria encargada de la misma después de que esta solo hubiera logrado hasta ese momento cerrar acuerdos sobre 29 artículos. Desde entonces, PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, EH Bildu y Junts han celebrado, al menos, tres reuniones informales para aproximar posturas. El objetivo: acudir a la próxima reunión de la ponencia con acuerdos ya cerrados que agilicen el trámite parlamentario y conseguir cerrar el nuevo texto antes del verano, cuando se cumple el séptimo aniversario de la entrada en vigor de la norma que aprobó el PP.
La última de estas reuniones, celebrada el martes, se centró en las modificaciones a incluir en los artículos 37.1 y el 30.3, referidos a la responsabilidad de los promotores de manifestaciones. La misma, según coinciden en señalar varias fuentes, ha servido para acercar posiciones, pero sin cerrar un acuerdo. “Se sigue a ritmo lento, pero seguro”, destacan desde Unidas Podemos. “Aún no está atado que la reforma saca adelante”, matiza otro participante en el encuentro que pide mantener el anonimato. Fuentes socialistas admiten que llegar a un acuerdo está siendo “complejo” porque los socios de investidura llegaron a las negociaciones “con posiciones muy distantes”. E insiste en la necesidad de “ceder todos” para llegar a un acuerdo final. “Si no sacamos la reforma adelante, seguirá en vigor la actual ley de 2015 y eso no lo queremos ninguno”, añade para mostrar su confianza en que finalmente se consensuará un texto.
La reforma de la ley mordaza también ha encontrado obstáculos fuera del Congreso en forma de protestas de sentido dispar. Por un lado, sindicatos de policía y asociaciones de guardias civiles salieron en tromba a criticar la iniciativa al considerar que, de aprobarse, supondría un perjuicio para el trabajo diario de los agentes. Sus protestas desembocaron, el 27 de noviembre, en una manifestación que congregó a 20.000 personas en las calles de Madrid. Por otro lado, también se han opuesto a la reforma organizaciones y colectivos de defensa de los derechos humanos, aunque en su caso por considerar que la norma debe ser derogada en su conjunto. Consideran que los partidos, con las modificaciones que plantean, únicamente van a “maquillar” un texto que consideran lesivos para los ciudadanos.
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