Los militares que se hicieron con el poder en Myanmar (antigua Birmania) el pasado febrero no quieren dejar ningún cabo suelto en su persecución a la líder de facto del Gobierno civil depuesto, Aung San Suu Kyi. A cuatro días de que sea juzgada, el próximo 14 de junio, el régimen castrense ha presentado este jueves una nueva acusación contra la Nobel de la Paz de 1991, esta vez por corrupción. Se trata de la séptima y la más grave de las imputaciones en su contra -que lleva aparejada una condena de hasta 15 años de cárcel- de una letanía de cargos que sus abogados consideran fabricados políticamente para apartarla del poder.
“La Comisión Anticorrupción ha investigado los casos de corrupción contra la ex consejera de Estado Aung San Suu Kyi. Ha sido hallada culpable de incurrir en actos de corrupción aprovechándose de su título”. Los altos cargos del Gobierno pueden enfrentarse a un máximo de 15 años de prisión si son hallados culpables de este delito. Suu Kyi fue consejera de Estado de Myanmar desde 2015, cuando su partido, la Liga Nacional para la Democracia (NLD, por sus siglas en inglés), ganó los comicios. Al no poder ser investida presidenta porque la Constitución –redactada por los militares en 2008- prohíbe que lo sea alguien con cónyuge o hijos extranjeros -una cláusula pensada contra Suu Kyi, viuda de un académico británico-, se creó el título de consejera de Estado, bajo el que gobernó de hecho.
Según un comunicado de la Comisión Anticorrupción birmana, controlada por los uniformados, Suu Kyi aceptó de forma ilegal 600.000 dólares (unos 493.000 euros) y una cantidad indeterminada de oro por parte del gobernador de Yangón, la mayor ciudad del país. También la acusa de utilizar su autoridad para facilitar el alquiler de una propiedad en esa misma urbe a una organización de caridad que ella fundó en 2012, y que habría supuesto pérdidas a esta municipalidad por valor de 3,15 millones de dólares.
La hija del general Aung San, considerado el héroe de la independencia birmana, se encuentra detenida desde el 1 de febrero, cuando los militares dieron un golpe de Estado, alegando sin pruebas un supuesto fraude electoral en los comicios del pasado noviembre, ganados holgadamente por la NLD. Desde entonces, ha sido acusada de distintos delitos, siendo hasta ahora el más grave el de violar la ley de Secretos Oficiales, que puede suponer un máximo de 14 años de cárcel. También ha sido acusada de importar ilegalmente unos walkie-talkies y de vulnerar las normativas impuestas para frenar la propagación de la covid-19 durante la campaña electoral, entre otras supuestas infracciones.
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