El Gobierno de Boris Johnson está empeñado en que sus fronteras sean prácticamente impenetrables en la era pos-Brexit. La ministra del Interior, Priti Patel, responsable de un nuevo sistema de inmigración por puntos que ha endurecido el acceso al país, se dispone ahora a presentar la semana que viene, según ha adelantado el diario The Times, otra ley por la que los solicitantes de asilo y refugio que intenten llegar a las costas británicas serán derivados a un centro de internamiento fuera del Reino Unido. Patel ha comenzado ya a negociar con las autoridades danesas para compartir instalaciones localizadas en Ruanda.
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A lo largo de 2021, más de 5.600 personas han sido interceptadas al intentar cruzar de modo clandestino el canal de la Mancha. Johnson, que cabalgó la revolución del Brexit sobre los lomos de un duro discurso contra la inmigración. Ha presionado en los últimos meses a su ministra para buscar una solución al problema. La respuesta se llamará Ley de Nacionalidades y Fronteras. Un texto que acaba con la política amable de bienvenida del Reino Unido a todos aquellos que sufrían persecución en alguna parte del mundo. Y diverge definitivamente de cualquier esfuerzo coordinado con la UE.
“Nuestro sistema de asilo no funciona, y no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras las personas mueren al intentar cruzar el canal”, ha dicho este martes a este diario un portavoz del Ministerio del Interior, sin confirmar definitivamente la información divulgada este lunes por The Times. “El nuevo plan dará la bienvenida a todos aquellos que lleguen al país a través de rutas seguras y legales. Pero evitará a su vez cualquier abuso y la proliferación de redes criminales”. Como ya hizo para desarrollar la nueva Ley de Inmigración. El Ejecutivo británico ha observado atentamente el ejemplo de Australia. Que ha prohibido la llegada de solicitantes de asilo a través del mar. Y redirige a todos los que lo intentan hacia centros levantados en otros países, como Papúa Nueva Guinea.
Patel ha iniciado ya negociaciones con el Gobierno de Dinamarca. Que ha aprobado su propia ley para tramitar las solicitudes de refugio en instalaciones alejadas de Europa. Londres está interesado en aprender cómo han gestionado la colaboración con terceros países. Y en la posibilidad de compartir con Copenhague un centro de internamiento en Ruanda. Las autoridades danesas ya han establecido contactos con el Gobierno africano para cerrar un posible acuerdo.
Los planes del Gobierno de Johnson
Todavía en una fase legislativa inicial. Han desatado la ira de la oposición laborista, de Naciones Unidas, y de las principales organizaciones humanitarias. No es la primera vez que se plantea la posibilidad de gestionar desde el exterior del país la llegada irregular de ciudadanos. Ni siquiera es un problema de dimensiones preocupantes, comparado con las ingentes cifras de refugiados que llegan a otras partes de Europa.
“El procesamiento en el exterior de las solicitudes de asilo es un acto brutal y cruel de hostilidad hacia personas vulnerables que no tienen ninguna culpa de haber tenido que huir de la guerra, la opresión y el terror”, ha denunciado Enver Solomon, el director ejecutivo de la organización Refugee Council. “Durante varias generaciones, hombres, mujeres y niños han buscado protección en el Reino Unido y se les ha dado un tratamiento justo en suelo británico”, añade.
Laboristas y nacionalistas escoceses del SNP han anunciado ya que combatirán con uñas y dientes en la Cámara de los Comunes la nueva ley, cuando el Gobierno inicie su tramitación. “Si Priti Patel pretende enviar a Ruanda a los solicitantes de asilo nos va a tener enfrente. No permitiremos que se tome esa decisión en nombre nuestro. Tratamos a las personas con dignidad y respeto, y esta solución es extremadamente inhumana”, ha dicho el portavoz del SNP, Ian Blackford.
La nueva ley
La nueva ley, que desarrolla las previsiones incluidas en el nuevo sistema de inmigración, endurecerá las condiciones de los recién llegados, con el propósito de desincentivar futuros intentos de asentarse en el Reino Unido. “Debemos acabar con el modelo de negocio criminal que han establecido las redes criminales que alimentan la inmigración ilegal”, aseguraba el proyecto presentado por el Ministerio del Interior británico en abril de 2021. Con ese propósito, se perseguía agilizar el proceso de resolución de expedientes y de expulsión, y recortar los derechos a los que tenían acceso inmediato los solicitantes. “Introduciremos un nuevo plan temporal de protección con beneficios menos generosos, y límites al derecho de reunificación familiar, para todos aquellos que sean inadmisibles [según las nuevas normas] pero no puedan ser devueltos a sus países de origen (ya que violaría las leyes internacionales) o a otro país seguro”, anunciaba el texto.
El Gobierno de Johnson quiere priorizar la devolución de los recién llegados a aquellos países de la UE que han atravesado previamente en su viaje, pero hasta el momento ha fracasado en su intento de cerrar un tratado bilateral con Bruselas para lograr tal propósito. Mucho menos con Francia, de donde proceden la gran mayoría de los que intentan atravesar las aguas del canal de la Mancha.
