Los mayores temores de Esme se concretaron este lunes, cuando un juez de El Salvador la condenó a 30 años de prisión por haber sufrido un aborto involuntario. La mujer tuvo una emergencia de salud durante su embarazo y, según organismos que defienden el derecho al aborto en el país centroamericano, no recibió atención médica oportuna, sino que fue acusada por abortar de forma inmediata por la Fiscalía y mantenida por dos años en prisión preventiva durante el proceso judicial. Es la primera condena de este tipo que se registra en siete años en El Salvador y también la primera durante el Gobierno de Nayib Bukele, quien ha dado un portazo a la lucha de las mujeres para lograr la legalización del aborto en su país, que cuenta con una de las legislaciones más duras sobre el tema en el mundo.
La condena contra Esme demuestra la criminalización que sufren de la justicia las mujeres que abortan en El Salvador, un enclave conservador donde los movimientos feministas mantienen una lucha de décadas para lograr reformar el Código Penal. Esa lucha sufrió un fuerte revés el año pasado, cuando la Asamblea Legislativa —controlada por Bukele— decidió archivar una propuesta de reforma al Código Penal presentada por colectivos feministas en 2016, que proponía la despenalización cuando la vida de la mujer está en riesgo, por violación o cuando se registren malformaciones del feto “que hagan inviable la vida fuera del útero”. En El Salvador han sido condenadas entre 2000 y 2014 al menos 49 mujeres por delitos relacionados con la penalización del aborto y las autoridades han denunciado a otras 250 mujeres por abortar.
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Morena Herrera, presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, ha afirmado este lunes que “la sentencia que condena a Esme es un duro golpe en el camino por superar la criminalización de las emergencias obstétricas que deben ser tratadas como problemas de salud pública y de garantía de derechos de las mujeres”. La activista ha recordado que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió una resolución en la que insta al Estado salvadoreño a no criminalizar las emergencias obstétricas. “Seguiremos luchando para que todas las mujeres criminalizadas injustamente por estas circunstancias, recuperen su libertad y tengan la oportunidad de rehacer y reconstruir su proyecto de vida”, ha afirmado Herrera.
Karla Vaquerano, abogada de Esme, ha acusado al juez que emitió la sentencia contra su defendida de actuar “con parcialidad, privilegiando la versión ofrecida por la Fiscalía General de la República, que estuvo cargada de estigmas y estereotipos de género”. Vaquerano ha afirmado que va a apelar la decisión judicial.
A pesar del revés de este lunes, los colectivos feministas de El Salvador han logrado importantes triunfos legales, incluyendo la liberación de 64 mujeres que habían sido condenadas por sufrir emergencias durante sus embarazos, que terminaron con la pérdida involuntaria del feto. Uno de esos casos más conocidos es el de Evelyn Hernández, quien en 2016 fue detenida tras sufrir un parto extrahospitalario en la letrina de su casa. El bebé murió. Ella ni siquiera sabía que estaba embarazada. La sentenciaron a 30 años de cárcel por homicidio agravado, pero fue absuelta en 2020 tras varios años de presiones internacionales.
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