El Congreso de El Salvador, bajo el control del presidente Nayib Bukele, ha ampliado la detención de más de 88,000 presuntos pandilleros hasta al menos 2027. Esta decisión surgió al aprobar una reforma a la Ley de Crimen Organizado, justo a diez días de que un plazo de dos años expirara para que se presentaran las acusaciones contra estos detenidos.
Con el respaldo de 57 diputados oficialistas y tres opositores, la Asamblea Legislativa busca facilitar la realización de hasta 600 juicios masivos. La Fiscalía General deberá presentar sus acusaciones en un plazo máximo de 24 meses, con la posibilidad de extender este plazo por un año más.
Justificando esta medida, el diputado oficialista Caleb Navarro expresó que liberar a los detenidos sería “grave”, especialmente en el contexto de la notable disminución de la violencia en El Salvador, atribuida a la actual estrategia antipandillas de Bukele. Los juicios se organizarán según las estructuras de las pandillas, destacando las dos principales: Barrio 18 y Mara Savatrucha (MS-13), la cual es catalogada como organización terrorista por Estados Unidos.
El fiscal general, Rodolfo Delgado, ha indicado que los imputados serán agrupados por su organización, origen geográfico o relación con los delitos investigados. Se espera que 44 jueces de crimen organizado manejen estos juicios, que, conforme a las nuevas reformas, se podrán llevar a cabo de manera masiva, permitiendo que las audiencias se mantengan abiertas con la incorporación de nuevos acusados.
Sin embargo, la oposición ha manifestado sus preocupaciones. El diputado Francisco Lira advirtió que en estos juicios colectivos podrían ser juzgados individuos inocentes, estimando que alrededor del 40% de los detenidos podrían no tener ninguna relación con el crimen. “No defiendo pandillas ni criminales ni extorsionistas, pero si hay personas inocentes, los están condenando para que pasen en la cárcel más tiempo”, aseveró en el plenario.
Respecto a los involucramientos de menores de edad en estos casos, se estipula que jueces especializados en menores participarán para garantizar sus derechos. Además, se contempla que si no se presentan más acusaciones en un período de tres años, el juez puede dictar un “sobreseimiento definitivo” a favor de los imputados.
Las reformas, según la legisladora opositora Claudia Ortiz, son un reflejo de la fragilidad de las instituciones que deben administrar justicia en el país, señalando que durante más de dos años no han logrado llevar a cabo una investigación adecuada de los hechos.
Bukele, quien mantiene una alta popularidad gracias a su lucha contra las pandillas, ha conseguido también la aprobación de una medida que le permite la reelección indefinida, consolidando su control sobre el Congreso y el destino del país.
Esta situación, que data de agosto de 2025, pone en el centro del debate no solo la seguridad pública, sino también el estado de derecho y los derechos humanos en una nación que busca hacer frente a décadas de violencia y criminalidad.
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