Encima de la incertidumbre por la variante ómicron, inversionistas y empresarios en México viven días de tensión a la expectativa de decisiones clave que determinarán su interés en el país, la segunda economía más grande de América Latina. Un relevo de jueces en la Suprema Corte de Justicia, el voto del Senado en torno a la próxima gubernatura del banco central y un decreto que blinda inversiones públicas en infraestructura de amparos se apilaron en las últimas semanas del año, agudizando el clima de desconfianza.
Una encuesta del Banco de México publicada este miércoles arroja que la gobernanza es el factor que más especialistas en economía del sector privado ven como el mayor obstáculo al crecimiento económico, con 45% de ellos mencionándolo en sus respuestas. Esto se compara con el 25% que lo mencionó en noviembre de 2020. La incertidumbre política se mencionó por encima de la inflación y las condiciones económicas internas del país.
Esto lo reflejan ya los mercados, después de que arreciara una depreciación del peso mexicano contra el dólar la semana pasada cuando se confirmaron los rumores de que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, había retirado la nominación de Arturo Herrera, exsecretario de Hacienda, como gobernador del banco central. El mandatario nominó, en cambio, a Victoria Rodríguez, subsecretaria en la misma dependencia con nula experiencia en banca y política monetaria. Los mercados asimilaron la inesperada noticia como una bola curva, tirando la moneda nacional a un nivel récord, aunado a las noticias globales de la nueva variante del coronavirus, omicron, que, hasta la fecha continúa haciendo estragos.
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Muchas empresas han paralizado sus inversiones en México hasta tener conocimiento del rumbo que tomará el país. El miércoles están pendientes de la comparecencia de Rodríguez ante el Senado. Esperan además que se decida en la Corte Suprema si una de las iniciativas enviadas por López Obrador para modificar la Ley de la Industria Eléctrica para favorecer a la empresa del Estado es constitucional — las implicaciones de esto sería la pérdida de millones de dólares en inversión hechas por empresas privadas —. Un relevo de magistrados en la Corte ha colgado este tema de un hilo, ya que la nueva ministra, Loretta Ortiz, es fundadora del partido del presidente y ha admitido ser cercana a López Obrador. De no decidirse antes del 12 de diciembre, es posible que el caso quede en manos de Ortiz.
Y, también como bola curva lanzada desde Palacio Nacional la semana pasada, está un decreto que declara toda obra de infraestructura del Gobierno como “asunto de seguridad nacional”, efectivamente blindándola de cualquier amparo o desafío en el poder judicial. Esto opacaría, aún más, los procesos de selección de empresas contratadas y la rendición de cuentas del gasto. Una coalición de políticos y congresistas de diversos partidos de oposición presentaron una controversia constitucional ante la Suprema Corte, tirando en un limbo administrativo el futuro del decreto y, con él, la certeza necesaria para invertir.
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