El Senado de Estados Unidos aprobó este viernes la iniciativa de Ley Renacer, que amplía el abanico de sanciones contra el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, así como sus personeros ligados al resquebrajamiento democrático del país, la persecución contra la disidencia, las violaciones a los derechos humanos y, más recientemente, el cierre de una elección transparente y competitiva tras el apresamiento de más de una treintena de líderes opositores, entre ellos siete precandidatos presidenciales.
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“Este es un día de acción contundente, el día en que el Senado de los Estados Unidos dice que la paranoia de Daniel Ortega de perder en las urnas no es excusa para su desmantelamiento sistemático del sistema democrático de Nicaragua”, expresó Menéndez tras la aprobación de la ley. “Hoy dejamos en claro que la descarada táctica de Ortega de encadenar a cualquiera que se atreva a desafiarlo no dará sus frutos y, de hecho, nuestro compromiso de brindar esperanza y oportunidad al pueblo de Nicaragua apenas está comenzando”.
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Renacer contó con el apoyo del senador republicano Marco Rubio, y los demócratas Tim Kaine, Dick Durbin, Ben Cardin y Chris Murphy. Con la aprobación en el Senado, la herramienta está cerca de convertirse formalmente en ley. Falta que la apruebe el Congreso y la firme el presidente Joe Biden. En la cámara baja, donde se da por descontada la aprobación debido a la postura bipartidista de condena al régimen de Ortega y Murillo, la estafeta de Renacer la recoge el congresista demócrata Albio Sires.
“Con este voto unánime, Estados Unidos envía un inequívoco mensaje de apoyo al pueblo nicaragüense. Nuestra nación debe usar todas las herramientas para responsabilizar al régimen represivo de Ortega y a su familia. Insto a la Cámara de Representantes a aprobar rápidamente este proyecto de ley”, dijo por su parte el senador Marco Rubio.
La ley Renacer establece que la Administración de Biden haga “gestiones diplomáticas” con los Gobiernos de Canadá, la Unión Europea (UE) y países de Latinoamérica y el Caribe “para imponer sanciones selectivas” contra los ciudadanos que obstruyan las elecciones nicaragüenses.
Además, la herramienta es específica en material electoral: “Serán sujetos a sanciones económicas las personas extranjeras que obstruyan directa o indirectamente el establecimiento de las condiciones necesarias para la realización de elecciones libres, justas y transparentes en Nicaragua”, establece.
CAFTA, un golpe duro
Sin embargo, la revisión del DR-Cafta es lo que más inquieta debido al impacto económico que podría causar no solo al Gobierno, sino al país. La salida del acuerdo comercial le costaría a Nicaragua unos 1500 millones de dólares en exportaciones, en especial el sector textil, por ende el empleo, la recaudación de impuestos y las cotizaciones al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
El Cafta entró en vigencia para Nicaragua el 1 de abril de 2006 y ha sido muy provechoso para el desarrollo económico de este país centroamericano. Por ejemplo, Nicaragua pasó de exportar a Estados Unidos 228.4 millones de dólares, en 2006, a 1402.1 millones de dólares en 2020.
Renacer también apunta directamente a miembros del Frente Sandinista, familiares de funcionarios, integrantes de la Policía Nacional, el Ejército Nacional, y del controvertido Consejo Supremo Electoral (CSE), un órgano leal a Ortega y Murillo.
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“Solo en estos dos últimos meses, el régimen ha detenido a 32 opositores políticos y actores prodemocráticos, incluidos siete candidatos presidenciales, un candidato a la vicepresidencia, activistas estudiantiles, líderes del sector privado, abogados defensores y otros. Esto incluye la detención esta misma semana de Berenice Quezada, de 27 años, una valiente nicaragüense que dio un paso al frente para presentarse a la vicepresidencia como candidata de la oposición a pesar de la creciente represión. Ortega y Murillo demostraron una vez más que tienen miedo de postularse contra quienes consideran que puede ganar el apoyo del pueblo nicaragüense”, argumentó el Departamento de Estado.
El pasado 12 de julio, el Departamento también canceló 100 visas a funcionarios sandinistas, “en virtud de una política de restricción de visados que se aplica a los nicaragüenses considerados responsables o cómplices de socavar la democracia, incluidos los responsables o cómplices de la supresión de protestas pacíficas o del abuso de los derechos humanos, así como a los familiares directos de dichas personas”.
