La mayoría conservadora de la Corte Suprema de Estados Unidos ha vuelto a hablar. En un fallo de 5 a 4, los jueces han negado la noche del miércoles las solicitudes de emergencia de activistas y defensores de derechos humanos, quienes pedían frenar la nueva ley del aborto de Texas, una de las más restrictivas del país. La norma, que entró en vigor los primeros minutos del miércoles, impide abortar desde la sexta semana de gestación y promueve la denuncia civil de cualquier persona que auxilie en la interrupción de un embarazo a partir de ese momento.
Más información
La moción fue rechazada por los jueces conservadores del Supremo, Clarence Thomas, Samuel Alito y los togados que nombró Donald Trump al Tribunal durante su presidencia: Brett Kavanaugh, Neil Gorsuch y Amy Barrett. El grupo determinó que la petición promovida por las organizaciones Whole Woman’s Health, la Unión de Libertades Civiles (ACLU), Planned Parenthood y el Centro de Derechos Reproductivos, entre otros, presentaba “complejas y nuevas preguntas sobre antecedentes procesales”, pero que no argumentaban convincentemente sobre estas.
Más Información
En el centro de la polémica está la forma en que los legisladores de Texas, de mayoría republicana en ambas cámaras locales, tejió la norma, aprobada en mayo con mucha controversia porque afecta al 85% de los abortos que se hacen en las 24 clínicas que tiene el Estado. La ley firmada por el gobernador conservador Greg Abbott señala en una de sus secciones que su aplicación “no puede ser llevada a cabo por este Estado [Texas], ninguna subdivisión política, distrito o fiscalía ni funcionario o administrativo del Estado”.
La vigilancia, señala el texto, recaerá en cambio “en cualquier persona” que podrá demandar por la vía civil a quien lleve a cabo un aborto o auxilie a una mujer a hacerse uno. Esto incluye a quien lo pague o le reembolse el coste, como pueden ser los seguros. Si la demanda prevalece el denunciante puede verse beneficiado con no menos de 10.000 dólares para cubrir sus daños legales. El acusado, en cambio, no recibe el apoyo económico.
“El Estado ha manifestado que ni él ni sus empleados poseen la autoridad para aplicar la ley directa o indirectamente”, afirma la opinión de la mayoría. “Tampoco queda claro si, bajo los antecedentes existentes, este Tribunal puede ordenar un mandato contra jueces estatales a los que se le pide fallar basándose en una ley de Texas”, continúa el texto. El Supremo afirma que la decisión no emite ninguna conclusión sobre la constitucionalidad de la norma ni impide otros juicios que la desafíen en otros tribunales.
La minoría progresista, en contra
La jueza progresista Sonia Sotomayor fue más directa. Calificó de “impresionante” la decisión de la mayoría sobre lo que ella considera una ley “flagrantemente inconstitucional diseñada para prohibir a las mujeres a ejercer un derecho”. Integrante del tribunal desde 2009, Sotomayor considera que el esquema ideado por los legisladores de Texas está hecho así porque los juicios federales en contra de legislaciones locales se dirigen a las autoridades y gobernadores encargados de aplicarlas. “Al prohibir a las autoridades estatales aplicar la ley directamente […] el Legislativo local buscaba hacer más complicado actuar a las cortes federales”, indica la jueza en una opinión particular.
John Roberts, el presidente de la Corte, se sumó al bloque progresista conformado por Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Stephen Breyer, quienes votaron en contra de la mayoría conservadora. Roberts criticó en una opinión de disenso cómo la nueva ley, que calificó de “inusual y sin precedentes”, delega las responsabilidades en el ciudadano de a pie. “La consecuencia deseada parece ser aislar al Estado de responsabilidad para implementar y aplicar el régimen legal”, señala el presidente de la Corte Suprema. Roberts asegura qué él habría frenado la norma antes de entrar en vigor para que las cortes locales consideraran si “un Estado puede evadir de tal manera su responsabilidad por sus leyes”. El Supremo, sin embargo, guardó silencio los últimos minutos del martes, lo que hizo entrar en vigor la norma.
Los opositores a la norma consideran que viola las garantías de la emblemática sentencia Roe v. Wade, que protege el derecho a las mujeres a decidir desde 1973. “Mi Administración está profundamente comprometida con ese derecho establecido hace casi cinco décadas y lo protegerá y defenderá”, afirmó el presidente Joe Biden en un comunicado emitido la mañana del miércoles.
