Fondos públicos para colegios religiosos. El giro ultraconservador del Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dado este martes una nueva vuelta al fallar a favor de dos familias cristianas del Estado de Maine, que habían denunciado un programa público de becas por excluir a las escuelas privadas de ideario religioso. Es la enésima decisión del Alto tribunal relativa a derechos religiosos desde que el presidente Donald Trump conformara la composición de la Corte a su imagen y a la de la mitad más conservadora del país. La polarización cada día se percibe más en EE UU, también en las leyes.
En una decisión tomada por seis votos a favor y tres en contra -los de los tres miembros liberales del tribunal-, el Supremo anuló un fallo de un tribunal inferior que había rechazado las denuncias de discriminación religiosa de las dos familias, que consideraban que se les impedía el libre ejercicio religioso consagrado por la Primera Enmienda de la Constitución. La jueza Sonia Sotomayor, puede que la más liberal de la minoría progresista, ha acusado a la mayoría conservadora de seis miembros de socavar la separación iglesia-Estado. “Este Tribunal continúa desmantelando el muro de separación entre la iglesia y el Estado que los redactores de la Constitución lucharon por erigir”, ha dicho Sotomayor.
La decisión acerca de Maine se basa en un fallo de la Corte Suprema de 2020 relativo a un caso similar de Montana, que allanó la vía para que las escuelas religiosas reciban dólares de los impuestos de los contribuyentes. Hasta ahora, Maine destinaba fondos públicos como ayuda de matrícula para escuelas secundarias privadas a las que debían recurrir familias residentes en áreas poco pobladas del Estado sin centros públicos. El requisito para que estos establecimientos recibieran dicha ayuda era que el programa educativo no fuera “sectario”, quedando privados de los fondos aquellos que promueven una religión en particular y configuran sus currículos “a través de la lente de esa fe”. La teoría del creacionismo, en abierta contradicción con el darwinismo científico, por citar un solo ejemplo.
El conservadurismo del Supremo resulta cada vez más asertivo y patente, señalan los observadores, sobre todo en la prioridad de ampliar los derechos relativos a la práctica religiosa. Desde la presidencia de Trump, cuya base electoral se cimentaba, entre otros grupos, en los cristianos más conservadores, los jueces han sido especialmente receptivos a las denuncias de radicales cristianos sobre la presunta hostilidad del Gobierno hacia la religión, no sólo en el contexto educativo. El esperado fallo sobre el aborto, en el que presumiblemente el Supremo revocará la piedra angular de su protección constitucional, la doctrina Roe contra Wade, es otra muestra de la deriva conservadora.
El fallo de Montana que se considera precedente del conocido hoy fue más reñido, cinco votos a favor y cuatro en contra. El Alto tribunal respaldó un programa de incentivos fiscales a los donantes de un fondo de becas que proporcionaba dinero a las escuelas cristianas para los gastos de matrícula. El resultado de aquella votación tiene fácil explicación: se produjo a finales de julio de 2020, meses antes de que Trump, en la recta final de su presidencia, eligiera a la ultraconservadora Amy Coney Barrett para ocupar la vacante dejada por la muerte de la progresista Ruth Bader Ginsburg. Con el nombramiento de Barrett, los republicanos consumaron el giro conservador del Supremo.
Los fallos de Montana y Maine, no obstante, revelan la presunta contradicción en los términos entre garantizar el libre ejercicio de la religión y otro elemento medular de la Primera Enmienda: la separación de la iglesia y el Estado, que prohíbe al Gobierno establecer una religión oficial o favorecer a una religión sobre otra.
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