Fernando Presencia, un antiguo juez expulsado de la carrera por prevaricación, ya tiene su primera condena firme de cárcel. El Tribunal Supremo ha rechazado esta semana el recurso que presentó el exmagistrado contra la sentencia que le impuso una pena de 34 meses de prisión por delitos de denuncia falsa y calumnias. El alto tribunal considera probadas las maniobras que urdió contra el fiscal jefe de Talavera de la Reina (Toledo), Ángel Demetrio de la Cruz, al que acusó de corrupción, sin pruebas. Esta resolución deja al borde de entrar en la cárcel a Presencia, al que también investiga la Audiencia Nacional por publicar supuestas informaciones que atribuyen sin pruebas cuentas en paraísos fiscales a miembros de altas instituciones del Estado.
A través de una providencia fechada el pasado lunes, a la que ha tenido acceso Columna Digital, el Supremo desestima las alegaciones del exmagistrado. “La sala acuerda no haber lugar a la admisión del citado recurso”, concluyen los tres jueces que firman el escrito: Manuel Marchena, Leopoldo Puente y Ana María Ferrer. “[Presencia] no ha acreditado, por las alegaciones referidas a una posible vulneración de sus derechos fundamentales ni sobre un posible error de subsunción, que su recurso reúna interés casacional”, incide el alto tribunal. Ahora, según explican fuentes jurídicas, le corresponde a los tribunales de Toledo ejecutar la pena. El condenado puedo recurrir al Tribunal Constitucional.
“Esta condena es una represalia”, ha comentado Presencia a sus seguidores en las redes sociales: “Lo que se pretende es enviarme a prisión”. El propio Supremo lo ha multado también esta semana con 6.000 euros por su “actitud artera” con “manifiesto abuso de derecho”, ya que desplegó una “maniobra dilatoria” para dificultar que este tribunal resolviese su recurso sobre los 34 meses de cárcel. La Sala de lo Penal detalló que interpuso una cadena de recursos y recusaciones contra los magistrados que debían pronunciarse, “de nulo fundamento y todos ellos inadmitidos”, cuyo único objetivo era evitar el ingreso en prisión o interponer “una barrera de obstáculos” para retrasarlo.
La denuncia falsa
Esta historia comienza en 2015, cuando Presencia ejercía como juez decano de Talavera. Después de que Ángel Demetrio de la Cruz comenzara a cuestionar su labor, el entonces magistrado presentó el 5 de julio de 2015 una denuncia contra él, acusándolo de corrupción. Esa maniobra derivó en un expediente en la Fiscalía General del Estado, que fue archivado. Pero Presencia volvió a la carga. Siguiendo un “plan” y “con plena conciencia de su falsedad”, presentó una nueva querella contra De la Cruz a través de Manos Limpias, que fue archivada por el Tribunal Superior de Justicia por ser “un conjunto de especulaciones difusas carentes de apoyo y base objetiva y racionalmente accesible y comprobable”, según consideró probado el Juzgado de lo Penal 3 de Talavera y la Audiencia Provincial de Toledo, que condenaron al exjuez en primera y segunda instancia.
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Pese a todo, Presencia continuó con sus ataques contra el fiscal. “Con el mismo ánimo difamatorio”, envió escritos al Defensor del Pueblo, al presidente del CGPJ y a la fiscal general del Estado, que después publicitó en la prensa. “Actúa con temerario desprecio a la verdad […]. Realizaba imputaciones falsas a pesar de ser conocedor de las distintas resoluciones que archivaban sus querellas”, afirma Marta Vicente, la magistrada que lo condenó en primera instancia a 34 meses de cárcel. Además, “desde octubre de 2015 a junio de 2016, el acusado, con conocimiento de que faltaba a la verdad, siendo conocedor de las resoluciones que archivaban o inadmitían a trámite sus querellas y denuncias siempre por los mismos hechos, con el ánimo de menoscabar la honorabilidad y desacreditar profesionalmente y para causar un mayor perjuicio a la honorabilidad del fiscal, dio multitud de entrevistas en medios de comunicación en los que imputaba a Ángel Demetrio de la Cruz la comisión de diversos delitos y participación en lo que él denominaba trama de corrupción urbanística”, recuerda también el Supremo en su providencia.
Presencia acumula otras dos condenas firmes de inhabilitación por prevaricación, por beneficiar a sus amigos con decisiones que tomaba en el juzgado que encabezaba en Talavera de la Reina. El 20 de julio de 2017, el Tribunal Supremo confirmó la primera sentencia contra Presencia: 10 años de inhabilitación por archivar una investigación abierta contra un conductor, “que era amigo suyo”, que había atropellado a un peatón y se había dado a la fuga. La segunda condena del alto tribunal llegó el 14 de noviembre de 2018, cuando se le sentenció por haber dado carpetazo a una querella por estafa presentada contra una persona con la que también “mantenía una relación de amistad”.
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