El Tribunal Supremo ha abierto una causa para investigar varios contratos menores firmados por el diputado del PP Alberto Casero cuando era alcalde de Trujillo (Cáceres), entre los años 2017 y 2018. La Sala de lo Penal ha visto indicios de que Casero, quien saltó a la fama por su error fatal en la votación de la reforma laboral en el Congreso, podría haber cometido un delito continuado de prevaricación administrativa al no haber seguido “los procedimientos administrativos legalmente establecidos” en la contratación de un psicólogo, la firma de un acuerdo con la Cámara de Comercio de Perú o la celebración de al menos dos actos culturales, según la exposición elevada al Supremo por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Trujillo. La fiscalía aprecia también indicios de un delito de malversación.
El Supremo, que entiende que aún es demasiado pronto para adjudicar un posible delito u otro a Casero, considera que es el tribunal adecuado para investigar estos hechos, por lo que ha designado ya como instructor al magistrado Andrés Palomo del Arco, según ha informado el propio tribunal. El instructor será el que se haga cargo de la causa a partir de ahora y decida si hay indicios sólidos para pedir al Congreso que tramite el suplicatorio (el permiso necesario para inculpar a un diputado). Casero no está todavía formalmente investigado (lo que antes se conocía como imputado), pero puede personarse en la causa y pedir declarar voluntariamente, aunque si sus explicaciones no convencen al magistrado Palomo y este decide seguir adelante con el caso, el Supremo pedirá el suplicatorio.
Los estatutos del PP contemplan la apertura de expediente informativo en los casos de imputación de un afiliado por delitos de corrupción, expediente que se transforma en disciplinario en el momento en el que se produzca señalamiento de juicio oral, informa Elsa García de Blas. De momento, la dirección provisional del PP que pilota el partido hasta el congreso de Sevilla no sabe si adoptará alguna medida contra Alberto Casero, aunque si no está formalmente imputado el partido no está obligado a actuar de ninguna forma contra él.
La causa arranca de una denuncia de la fiscalía por supuestas irregularidades en contratos y convenios acordados por Casero. El Supremo explica que la exposición razonada del juzgado trujillano “señala indicios sólidos de que los citados actos de contratación se realizaron por Casero (mano derecha del hasta ahora último secretario general del PP, Teodoro García Egea) sin sujetarse al procedimiento administrativo previsto para ello, comprometiendo el pago de diversas cantidades, sin comunicarlo al Ayuntamiento y sin los informes necesarios, según prueba documental y testifical que incluye el Juzgado en su documento”.
La pesquisa se centra en seis casos concretos, que supusieron un desembolso para el Ayuntamiento de Trujillo de casi 100.000 euros. Así, el primer contrato sospechoso es el de un psicólogo, que firmó Casero en marzo de 2017 “ocultándolo al Ayuntamiento, sin aportar el contrato, sin expediente de contratación, sin informe sobre la necesidad del servicio y sin aprobación del gasto”.
Meses después, suscribió otro convenio de 25.000 euros con la Cámara de Comercio de Perú “sin dar cuenta a los servicios económicos y jurídicos del Ayuntamiento, sin que el acuerdo fuera aprobado previamente y sin someterlo a información pública ni publicarse en el BOE”.
El alto tribunal subraya otro contrato de 2017 por el que Casero pactó verbalmente aportar 18.000 euros a un acto que organizaba la entidad cultural Asociación Cultural Bon Vivant, con la que ya en julio de 2018 cerró otro contrato de patrocinio por otros 18.000, en el que se comprometía, además, a asumir “otros costes”. Ambos fueron suscritos “sin seguir procedimiento administrativo alguno”.
Finalmente, el Supremo detalla otros dos asuntos de 2018: la contratación de Icaro Consultores en Comunicación para organizar un acto por importe de 14.303 euros más IVA y la concertación con Radio Interior S.L. de un contrato de servicios de comunicación y promoción de la Feria del Queso de Trujillo por más de 15.000 euros. Para este último, Casero supuestamente empleó el procedimiento propio del contrato menor cuando la cuantía impedía hacerlo por este método.
Casero se hizo famoso el 4 de febrero de este año por un error que le costó caro a su partido. Casero votó desde su casa la convalidación de la reforma laboral y se equivocó. Tenía que haber votado no, como ordenó su partido, pero le dio al sí en el ordenador de su domicilio, donde se encontraba con gastroenteritis. El fallo sirvió para que la reforma fuese refrendada por 175 diputados a favor frente a solo 174 en contra y para contrarrestar el cambio de parecer también sobre la bocina y en el momento de la votación de los dos diputados de UPN, que al final se sumaron al bando del no en contra del mandato de la dirección de su partido en Navarra.
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