La Audiencia Nacional deberá asumir la investigación que cerca a Nimbus, una empresa con sede en Malta acusada de tejer una trama para desviar el dinero invertido en criptomonedas por cientos de ahorradores, buena parte residente en España. Tras meses de espera, el Tribunal Supremo ha ordenado a este órgano judicial que asuma las pesquisas. Los magistrados han apreciado indicios de un posible delito de estafa, al igual que la Fiscalía y la Guardia Civil, que han llegado a cifrar el fraude en más de 135,8 millones de dólares (más de 125 millones de euros).
La decisión del Supremo reactiva una causa que había quedado paralizada en 2021, a la espera de resolver quién debía continuar con las pesquisas, que arrancaron hace casi un año en un juzgado de Huelva tras la denuncia de un particular. Ahora, a través de un escrito fechado el pasado 16 de marzo, el alto tribunal concluye que, “de las actuaciones, se deduce que los hechos investigados se encuadran dentro del delito de estafa” y, tras analizar el carácter internacional de la presunta trama, explica que la Audiencia debe asumir la competencia.
“El domicilio de la empresa Nimbus Platform LTD, autora de los hechos, se encuentra en Malta. La denuncia se dirigió también contra diversas personas que ostentaban cargos en dicha empresa, dos de ellas con domicilio en Madrid (Andrea Zanon, [un exconsultor del Banco Mundial identificado como el antiguo consejero delegado de la compañía] y Javier García Madruga)”, exponen la terna de magistrados que ha resuelto el caso: Julián Sánchez Melgar, Ana María Ferrer y Leopoldo Puente.
Aunque Nimbus ha defendido su inocencia de forma reiterada —negando incluso la existencia de la propia investigación que la coloca en el punto de mira y amenazando a los periodistas con demandas—, la Fiscalía le atribuye un sistema de “captación maliciosa” de fondos para su posterior desvío. Según el ministerio público, que llega a hablar de “organización criminal”, la compañía ofrecía a los ahorradores gestionar sus carteras de bitcoins con la promesa de que su “revalorización” se traduciría posteriormente en un reparto de beneficios. Pero no tenían intención de cumplir, en opinión de la acusación.
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