El T-MEC, nuestro último recurso

La semana pasada, diversas asociaciones, cámaras y autoridades en Estados Unidos expresaron su creciente inquietud por las reformas constitucionales y legales recientes en México, que podrían poner en peligro las inversiones de empresas americanas y, en algunos casos, violar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

A través de la Motion Picture Association, grandes empresas como Sony, Netflix, Universal, Disney y Amazon comunicaron su preocupación al gobierno estadounidense sobre la reforma judicial en México, que podría resultar en censura para los medios de comunicación y generar incertidumbre en las inversiones del sector audiovisual. Asimismo, el Reporte sobre Clima de Inversión del Departamento de Estado para 2025 resaltó la elección del Poder Judicial en México y la desaparición de órganos autónomos, destacándolos como factores adversos para la inversión.

Por otro lado, la US Chamber of Commerce ha participado activamente en las discusiones para la renegociación del T-MEC, pidiendo a los negociadores que revisen las prácticas del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que se consideran agresivas y poco transparentes. Un grupo bipartidista de congresistas también instó al gobierno estadounidense a activar un panel de arbitraje contra la política energética mexicana, respaldado por más de 600 empresas petroleras y cerca de 1,000 relacionadas con la energía limpia.

La iniciativa privada en Estados Unidos parece empezar a reconocer la magnitud del Plan “C”, impulsado por el partido Morena en México. Esta preocupación ha logrado unir a partidos opositores en el vecino país ante el temor por sus inversiones.

Mientras tanto, los ciudadanos y empresas en México, tras agotar esfuerzos a nivel local para detener los embates legislativos de Morena, han depositado sus esperanzas en la próxima renegociación del T-MEC. A pesar de las marchas, mesas de diálogo y advertencias de expertos y asociaciones, no consiguieron frenar la rápida imposición de reformas, que se aprobaron en cuestión de días por una supermayoría impulsada por el poder acumulado y el resentimiento hacia la oposición.

Con una Constitución ya debilitada, los abogados han apelado al bloque de constitucionalidad, que otorga a los tratados internacionales el mismo nivel que la Constitución y obliga al gobierno mexicano a respetarlos para proteger los derechos de los ciudadanos. A pesar de que la expectativa era que los tratados sobre derechos humanos tuvieran un papel destacado, su ejecución se ha revelado complicada. En la práctica, es difícil que un Estado extranjero o una instancia internacional intervengan con fuerza para defender los derechos humanos ante la “soberanía” de un país, salvo en situaciones extremas.

En contraste, los tratados comerciales, como el T-MEC, tienen intereses políticos y económicos claramente definidos. Una violación al T-MEC podría generar un impacto económico directo en las inversiones de cientos de empresas estadounidenses, que sin duda presionarán a su gobierno para garantizar el cumplimiento por parte de México.

Dado que los únicos contrapesos que parecen haber surcado el gobierno de Sheinbaum provienen de factores externos, como el tipo de cambio y los aranceles, muchos en México tienen sus esperanzas puestas en la renegociación del T-MEC. Existe la expectativa de que estas negociaciones puedan suavizar los riesgos derivados de reformas que han afectado el Estado de Derecho, como la reforma judicial, la reforma de amparo, la de telecomunicaciones y la desaparición del INAI. Tal vez, los esfuerzos estadounidenses por proteger a sus inversionistas podrían acarrear, aunque sea indirectamente, beneficios para el pueblo mexicano.

(Actualización: datos corresponden a 2025-11-12 00:55:00).

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