Felipe de Edimburgo, el marido de Isabel II, vivió hasta los 99 años. Y casi tantos como vivió permanecerá en secreto su última voluntad. Tendrán que pasar nueve decenios para que se desvele el testamento del duque, tal y como acaba de saberse. La decisión ha sido tomada por un juez del Tribunal Supremo de Londres y el motivo es uno: respetar la “dignidad” de la reina.
El consorte real que más tiempo estuvo al cargo en el Reino Unido falleció el pasado 9 de abril en el castillo de Windsor, cuando apenas faltaban dos meses para que alcanzara el siglo de vida. Pero sus últimas decisiones no se conocerán, siguiendo la convención real establecida hace más de un siglo por el que los tribunales sellan los testamentos de la familia y los guardan en secreto.
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El presidente del juzgado de familia del Tribunal, sir Andrew McFarlane, tuvo una vista en julio a puerta cerrada en la que escuchó tanto a los abogados en representación de Felipe como al abogado general del Estado, que representa el interés público en cuestiones de este calibre. La vista se hizo por seguir el procedimiento formal, que da así autoridad al juez a sellar ese testamento durante un tiempo concreto que suele rondar los 100 años y que también establece quién es la persona que tendrá acceso al mismo, otro dato que no ha sido desvelado. Además, aunque el testamento se abra, seguirá haciéndose en privado, tal y como explica la agencia Reuters.
Según el juez, este periodo de tiempo es “proporcionado y suficiente”. Explica el juez que entiende “la curiosidad” por conocer cuáles fueron las últimas decisiones de un miembro de la familia real, y más de tal calado, pero según él “no tiene interés público que la gente conozca su información privada” y que los medios solo tienen un “interés comercial” en ello. Para él, de hecho, resulta “necesario mejorar la protección que se le da a ciertos aspectos realmente privados de este grupo concreto de personas”.
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McFarlane ha explicado a los medios británicos que se sigue esta convención, que data de 1910, y que por tanto “ninguna copia del testamento será dada a conocer en público ni se guardará en los archivos de la Corte”. “La cantidad de publicidad y de conjeturas que la publicación [del testamento] podría llegar a atraer sería inmensa y del todo contraria al objetivo de mantener la dignidad de la soberana y de los miembros cercanos de su familia”, ha explicado McFarlane en un comunicado enviado desde la Corte, destacando sobre todo “la situación constitucional de la soberana, por la que resulta apropiado tener una práctica especial con respecto a los deseos reales”. McFarlane también ha contado que es el custodio de más de 30 sobres con los testamentos de miembros de la familia real, los últimos los de la reina madre y la princesa Margarita, madre y hermana de Isabel II, fallecidas ambas a principios de 2002. De hecho, en 2007 un hombre que afirmaba ser hijo de Margarita pidió abrir el de la princesa, pero el tribunal se negó.
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La primera vez que se llevó a cabo este procedimiento fue en 1910, con la muerte del príncipe Francisco de Teck, hermano pequeño de la reina María, abuela de la actual soberana, como explicó el magistrado. Francisco murió de neumonía a los 39 años, y era un hombre mujeriego, jugador y que llegó a apostar valiosas joyas de la familia, además de regalarle unas esmeraldas de gran valor a una de sus amantes, una condesa. Se creía que tenía un hijo secreto ilegítimo a quien sus voluntades podrían beneficiar. Por ello su hermana, la reina, decidió sellarlo y mantenerlo en secreto durante años. Esa costumbre se ha mantenido durante décadas, teniendo como única excepción el testamento de Diana de Gales, que sí fue revelado.
En el caso de Felipe de Edimburgo, no parece que el testamento fuera a revelar escándalos o hijos secretos. Pero hay medios que apuntan a que podría suponer un ahorro en el impuesto de sociedades que no se hiciera público. Esta tasa no se paga cuando el legado pasa de soberano a soberano o de consorte a soberano, como es el caso, pero parece que Felipe le dejó ciertas cantidades de su fortuna tanto a sus nietos como a algunos de sus ayudantes, y por ello sí que habría que pagar. En cualquier caso, habrá que esperar 90 años para conocer quienes fueron esos herederos.
