El estancamiento económico en México, un fenómeno cada vez más evidente, ha provocado que incluso los defensores más fervientes del gobierno aborden la realidad sin el habitual optimismo. En este contexto, se destacan dos métricas que la administración utiliza como estandartes: el tipo de cambio y la Inversión Extranjera Directa (IED). Aunque estos indicadores no presentan un panorama completamente negativo, usarlos como evidencia de una economía robusta puede ser engañoso.
El tipo de cambio, en particular, es una cuestión compleja. Un economista experimentado solía advertir que predecir su comportamiento era una tarea digna de un premio Nobel… o una señal de deshonestidad. Actualmente, esta lección cobra más relevancia que nunca, pues las razones detrás del “superpeso” son multifacéticas. La depreciación del dólar frente a otras divisas, la atracción de tasas de interés más competitivas en comparación con Estados Unidos y la comparación con economías menos estables, como Argentina o Turquía, juegan un papel crucial. Sin embargo, el peso sobrevaluado tiene sus contrapartes. Aunque puede ayudar a mitigar la inflación, debilita la competitividad de los productores nacionales, lo que afecta especialmente a sectores como la agricultura y la industria automotriz, que ya enfrentan desafíos por aranceles externos. En la vida cotidiana, las remesas, que son vitales para muchas familias, rinden menos, afectando el poder adquisitivo de los beneficiarios. Este fenómeno favorece predominantemente a los sectores más acomodados que consumen productos importados.
Por otro lado, la IED se ha presentado como otro símbolo de fortaleza económica. Es innegable que 2025 ha traído cifras récord en términos absolutos; no obstante, esta cifra debería interpretarse en relación a la magnitud de la economía. Se estima que la IED representará entre el 2.5% y el 3% del PIB este año. Aunque no es una cifra irrisoria, está lejos de los máximos históricos alcanzados, como el 4% del PIB en 2013, impulsado por la compra de Grupo Modelo. A su vez, el reconocido ingeniero Carlos Slim ha señalado que un país necesita invertir al menos un 25% de su PIB anualmente para impulsar el crecimiento. Los promedios entre 2018 y 2024 están por debajo de este umbral, con proyecciones para 2025 que indican un descenso por debajo del 22%.
Así, queda claro que la economía mexicana enfrenta un periodo de estancamiento, donde la falta de inversión se erige como el principal obstáculo. Las raíces de este problema son diversas, incluyendo la incertidumbre jurídica generada por reformas en el marco legal, cambios en la Ley de Amparo y enfoques fiscales cuestionables, que más parecen extorsión que soluciones sostenibles. Reconocer estos factores es esencial para que el gobierno, especialmente la presidenta, pueda corregir el rumbo económico y, quizás, salvar el sexenio en términos de crecimiento y desarrollo a largo plazo.
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