El Tribunal de Cuentas ha identificado un total de 45 viajes de los expresidentes de la Generalitat Artur Mas y Carles Puigdemont, o de miembros de sus respectivos Gobiernos, a países extranjeros, con objeto de promover el procés secesionista y la reivindicación de un referéndum que condujera a la independencia de Cataluña. Así se hace constar en el informe de fiscalización elaborado para determinar la cuantía de los fondos supuestamente malversados en el exterior. A los 40 cargos públicos y funcionarios investigados en este expediente se les pide una fianza de 4,8 millones de euros.
El informe de fiscalización de las cuentas de la Generalitat en materia de acción exterior consta de 722 páginas, a lo largo de las cuales los instructores del caso exponen cuanta información han podido reunir sobre los fondos públicos presuntamente desviados por la administración catalana entre 2011 y 2017 para una actividad, la política exterior, sobre la que no tenían competencias. La tesis del dictamen es que la Generalitat utilizó para estos fines ilícitos una cantidad no inferior a 4,8 millones de euros, aunque la cifra final se ha dejado abierta en el expediente de responsabilidad contable, a resultas del curso que siga el procedimiento.
Al analizar los gastos realizados para promocionar el procés y sus fines, el informe destaca la importancia y frecuencia de los viajes de los expresidentes y exconsejeros de la Generalitat, así como la intensa actividad realizada por las delegaciones del Gobierno catalán en el extranjero, sobre todo en países europeos y Estados Unidos. “Se ha constatado por este Tribunal de Cuentas —subraya el texto— la existencia de viajes internacionales (…) vinculados a la promoción del llamado proceso soberanista en el ámbito internacional”.
El informe expone que esta finalidad escapa a las previstas en la propia ley de Acción Exterior de la Generalitat, “no resultando por ello justificado el uso de fondos públicos”. Se añade que “con dicha finalidad se han realizado 45 viajes con un coste total de 479.633 euros (…) que tenían por objeto en la mayoría de los casos impartir o participar en conferencias o reuniones cuyo objeto consistía en promocionar y dar a conocer el proceso soberanista con la intención de obtener respaldo y reconocimiento internacionales”.
El Tribunal de Cuentas considera que esta actividad implicó no solo la desviación de fondos públicos, sino también “la contravención del principio de lealtad institucional mutua previsto en el artículo 3” de la citada ley de Acción Exterior catalana. En apoyo de estas tesis se citan numerosos documentos internos de la Generalitat, como los relativos a presupuestos de actuaciones en el ámbito internacional. Uno de ellos establecía, por ejemplo, al fijar las previsiones para 2016 y 2017, que “la actual legislatura tiene como objetivo sentar las bases que hagan posible la declaración de independencia de Cataluña, a partir de la creación de unas estructuras de Estado y del impulso de un proceso de desconexión nacional y popular con el Estado español”. Y se añadía que “para que este objetivo de país sea posible, es necesario reforzar la proyección exterior de Cataluña y lograr su reconocimiento”.
Documentación incompleta
Estos eran los propósitos que, con carácter general, guiaron la actuación de la Generalitat entre 2011 y 2017, el periodo investigado. El informe admite que no ha sido posible arrojar luz sobre todas las actuaciones investigadas, en parte porque la documentación aportada por la Generalitat ha sido en diversos capítulos incompleta y fragmentaria. El informe describe en este sentido prácticas administrativas de contratación que pudieran ser irregulares.
En la fase de expediente que empieza ahora las defensas van a discutir las conclusiones del Tribunal de Cuentas, tanto en términos generales como en cuanto a la responsabilidad que corresponde a cada uno de los investigados. Aparte de los expresidentes Mas y Puigdemont figuran entre ellos el exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y seis exconsejeros, entre otros cargos y funcionarios. La fianza conjunta exigida ahora es de 4,8 millones, pero la traducción económica de la responsabilidad de cada uno de los investigados dependerá de las conclusiones finales del tribunal.
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