El Tribunal de Cuentas está en plena fiscalización de los contratos covid de la pandemia y analiza, entre otros aspectos, la gestión de más de 2.000 millones de euros gastados por las distintas administraciones en material sanitario entre marzo y mayo de 2020. Las comunidades autónomas gestionaron más de la mitad de ese gasto. En uno de ellos, de la Comunidad de Madrid, la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía Europea se disputan la investigación de un contrato de mascarillas KN-95 por 1,5 millones de euros adjudicada a una empresa propiedad de un amigo de la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso. Esa empresa pagó al hermano de la dirigente regional al menos 55.000 euros por sus gestiones para conseguir el material en China y trasladarlo a Madrid.
El Tribunal de Cuentas tiene competencias sobre cinco autonomías que carecen de órgano de fiscalización (Castilla-La Mancha, Cantabria, La Rioja, Murcia y Extremadura, además de Ceuta y Melilla), pero incorporará a su análisis los datos que proporcionen el resto de comunidades. El gasto sanitario de la administración central se llevó principalmente a través del Instituto de Gestión Sanitaria (Ingesa), aunque se auditará todo el gasto de la administración, ministerio por ministerio.
La escasez de mascarillas, guantes o test de autodiagnóstico hizo que el Gobierno permitiese a todas las administraciones comprar sin reglas, sin concurso y sin controles “para atender las necesidades derivadas de la protección de las personas para hacer frente al Covid-19″.
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