El Tribunal de Cuentas paralizó este jueves los embargos de bienes que había decidido a primera hora de la mañana para cubrir la fianza impuesta a los 30 ex altos cargos y funcionarios de la Generalitat de Cataluña que no habían entregado los avales necesarios.
Los abogados de esos ex altos cargos comunicaron al Tribunal de Cuentas que sus defendidos habían decidido acogerse a los avales del Institut Català de Finances (ICF) para hacer frente al aseguramiento de los 5,4 millones de euros que se les reclaman por los gastos que la administración catalana desvió presuntamente a la promoción exterior del procés independentista. Y que la documentación original de esos avales llegaría este viernes al órgano fiscalizador.
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El Tribunal de Cuentas accedió in extremis a las reiteradas peticiones de las defensas, a pesar de que el día anterior había denegado un aplazamiento para formalizar las fianzas.
A las ocho de la mañana de este miércoles seguían sin llegar los avales, por lo que el tribunal comenzó a preparar las diligencias de embargo, una vez recibida la correspondiente orden al haber vencido en la medianoche del miércoles al jueves el plazo para constituir la cantidad reclamada. La publicación de la noticia sobre el inicio de estos trámites activó las gestiones de los letrados de los investigados, que reiteraron sus llamadas para asegurar que los documentos correspondientes se enviarían a media mañana por vía telemática, y que este viernes llegaría el original a la sede del organismo fiscalizador por medio de una empresa de mensajería contratada al efecto.
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Fue en ese momento cuando se dio la orden de paralizar las diligencias de embargo, ante el reiterado compromiso de agilizar al máximo el envío de los avales. Durante todo el miércoles, se mantuvo el diálogo entre el tribunal y las defensas, que solo pudieron hacer llegar al órgano fiscalizador una copia del acuerdo del Institut Català de Finances de conceder los avales. Pero la certificación de ese acuerdo no satisfizo a la delegada instructora, Esperanza García, que exigía los avales propiamente dichos. La garantía, a su vez, no pudo formalizarse hasta este jueves, porque según la Generalitat, surgieron problemas de tramitación.
De ahí que este jueves a primera hora, vencido el plazo legal para constituir las fianzas, se diera la orden de comenzar con los embargos, escenario que al ser desvelado tuvo la virtud de desatrancar rápidamente la situación, según indicaron a este periódico fuentes del tribunal. La remisión telemática de una copia de los avales permitió que el órgano fiscalizador concediera un plazo de 48 horas para la efectiva remisión de los documentos acreditativos de que el citado Instituto no solo había acordado conceder tal garantía, sino que la había prestado.
