Una Monarquía constitucional hereditaria sobre una base democrática y parlamentaria define el carácter del Principado de Liechtenstein, un pequeño país de 160 kilómetros cuadrados rodeado por la majestuosa cordillera de los Alpes, situado entre Austria y Suiza. Sin embargo, en un contexto europeo que evoluciona hacia la igualdad, Liechtenstein destaca como una de las últimas naciones cuasiabsolutistas, donde el príncipe goza de amplias prerrogativas. Su capacidad para nombrar jueces, destituir miembros del Ejecutivo y vetar leyes lo convierte en una figura de considerable poder, lo que plantea interrogantes sobre el futuro democrático del país.
Este escenario se complica ante la reciente reacción del príncipe Alois de Liechtenstein frente a una iniciativa popular que busca despenalizar el aborto en el principado. La propuesta, impulsada por un comité que agrupa a organizaciones de mujeres y miembros del partido opositor Lista Libre, busca legalizar el aborto durante las primeras 12 semanas de gestación, un avance significativo en un país donde este procedimiento es ilegal en casi todas las circunstancias.
La legislación sobre el aborto en Liechtenstein es una de las más restrictivas de Europa; el aborto solo es permitido en casos excepcionales como violaciones o cuando la vida de la madre está en peligro. Los profesionales médicos se enfrentan a penas de hasta tres años de cárcel por participar en un procedimiento abortivo, además de la prohibición de informar sobre el tema. Esta situación ha llevado a las organizaciones feministas a lanzar una campaña para cambiar la normativa vigente, presentando su propuesta tanto al Gobierno como al Landtag, el Parlamento local. Recientemente, este último dictaminó que la iniciativa no es inconstitucional y se está tramitando, aunque se anticipa que su aprobación es poco probable.
A medida que avanza la tramitación, los defensores de la despenalización han iniciado una recogida de al menos 1,000 firmas para obligar a un referéndum nacional, confiando en que el proceso se lleve a cabo en noviembre. Sin embargo, el príncipe Alois ha sido claro en su postura y ha declarado que ejercerá su derecho de veto sobre la medida, expresando su desaprobación al considerar que la regulación del aborto representa un abandono del deber del Estado de reconocer el derecho a la vida no nacida.
La influencia de la Iglesia católica en el Principado, reconocida como la “Iglesia nacional” en la Constitución de 1921, añade una capa más de complejidad a esta cuestión. Casi el 70% de la población profesa el catolicismo, lo que se refleja en la postura de los miembros de la dinastía reinante, quienes sostienen firmes creencias. A pesar de la prohibición del aborto, se estima que unas 40 mujeres anualmente viajan desde Liechtenstein a países cercanos, como Suiza, para interrumpir su embarazo, lo que pone de manifiesto la disparidad entre la ley y la realidad.
No es la primera vez que se busca cambiar esta normativa. En 2011, un referéndum sobre la despenalización del aborto resultó en un 52.3% de votos en contra. Sin embargo, la escasa participación que se registró en las urnas se atribuyó a la percepción de que el resultado no tendría consecuencias debido al poder de veto del príncipe. Un panorama que podría repetirse en el actual intento de avance hacia la legalización.
Este notable contexto de confrontación entre las convicciones personales del príncipe y los deseos de la población no es único en Europa. En Mónaco y otros países como Bélgica y Luxemburgo, se han presentado situaciones similares donde monarcas han utilizado sus prerrogativas para bloquear propuestas legislativas en temas sensibles, subsumiendo el sentir popular a visiones personales o religiosas.
En Liechtenstein, el príncipe logró en 2003 que el pueblo reafirmara su derecho de veto sobre las normativas del Parlamento, con un 76% de apoyo popular. Este respaldo robusto a su posición demuestra la complejidad y la interrelación entre poder, cultura y legislación en un microestado que aún preserva características monárquicas en un continente que avanza hacia la modernización de derechos. Así, la lucha por la despenalización del aborto en Liechtenstein no solo refleja una batalla legal, sino un profundo debate cultural que podría definir su futuro.
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Que haya prohibición del aborto.