Una de las características más notorias del autoritarismo es su propensión al “horror vacui”: no se contenta con ejercer control político, sino que aspira a invadir todos los ámbitos de la vida cotidiana. Desde la forma en que las personas votan, hasta lo que consumen y cómo se expresan, el autoritarismo busca regularlo todo. Este fenómeno se manifiesta en una creciente injerencia en instituciones públicas y privadas, moldeando costumbres y controles sobre el lenguaje, definiendo lo que es aceptable y lo que no.
Desde sus inicios, el gobierno de AMLO ha sido objeto de críticas, considerando que su gestión avanzaba gradualmente hacia un “golpe de Estado en cámara lenta”. Al tomar control de las fuerzas armadas, realizó acciones que sus predecesores, Calderón y Peña, no lograron, aliándose con ellas a través de concesiones significativas en sectores usualmente reservados para civiles.
AMLO impulsó modificaciones tanto legales como extralegales, orquestando campañas que acusaban de corrupción a empresas de diversos sectores, desde farmacéuticas hasta energéticas. Aunque algunas empresas fueron sometidas, otras recibieron contratos lucrativos a cambio de lealtad.
A medida que su mandato avanzaba, logró un control notable sobre el Congreso, el Poder Judicial, el INE y el TEPJF. La presión sobre los medios de comunicación se intensificó, llevando a muchos a optar por el silencio ante el acoso gubernamental. Este control se sumó a una realidad sombría: el crimen organizado había establecido un dominio casi total sobre la prensa en los estados, utilizando la violencia como herramienta de intimidación. Desde el año 2000, 172 periodistas han perdido la vida ejerciendo su función, con 47 de esos asesinatos ocurriendo durante el sexenio de AMLO.
La administración no puede eludir la responsabilidad por estos crímenes, especialmente cuando no se otorga protección efectiva a los periodistas o cuando los asesinos intelectuales quedan impunes. La falta de una condena clara de leyes como la “ley censura” de Puebla, que se percibe como un ataque a la libertad de expresión, es alarmante. Órganos como Artículo 19 han señalado que estas normativas son ambiguas, representando riesgos claros para la libre expresión.
En Campeche, un periodista fue judicialmente vinculado por “incitación al odio”, lo que fue percibido como un ataque directo a la libertad de prensa. Asimismo, la próxima Ley Federal de Telecomunicaciones, aún en discusión, es objeto de preocupación debido a sus imprecisiones.
Además, la presión sobre periodistas destacados ha resultado en despidos o salidas abruptas de figuras reconocidas. Casos como los de Carlos Loret de Mola y Adela Micha exemplifican la situación donde algunos medios han decidido optar por el silencio en lugar de confrontarse con el gobierno.
Los intentos de intimidación también han afectado a otros periodistas como Héctor de Mauleón y Denise Dresser, generando un patrón preocupante que sugiere una intención deliberada de silenciar las críticas.
Si se permite que estas voces críticas sean acalladas, se entrarían en fases oscuras de autoritarismo y represión. Es fundamental, más allá de inclinaciones políticas, elevar la voz en defensa de la libertad de expresión, asegurando que aquellos que se atreven a hablar no sean condenados al silencio.
Hasta la fecha de publicación original (2025-06-20), estos eventos siguen siendo alarmantes, y es esencial seguir de cerca la evolución de la situación.
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