El Vaticano ha pedido formalmente al Gobierno italiano que modifique el proyecto de ley contra la homofobia y transfobia que se está examinando estos días en el Senado, después de que se aprobara en la Cámara de los diputados. La Secretaría de Estado vaticana, el órgano de gobierno y relaciones exteriores de la Iglesia, considera que algunos pasajes de la norma violan el denominado Concordato, el acuerdo que regula las relaciones entre la Iglesia y el Estado que se firmó durante el Gobierno socialista de Bettino Craxi en 1984.
Según ha revelado este martes el diario Il Corriere della Sera, el secretario de Relaciones con los Estados, Paul Richard Gallagher, presentó una comunicación formal el pasado jueves en la Embajada italiana ante la Santa Sede en la que señala que “algunos contenidos actuales de la propuesta legislativa que se está examinando en el Senado reducen la libertad garantizada a la Iglesia Católica por el artículo 2, párrafos 1 y 3 del acuerdo de revisión del Concordato”.
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En concreto, el Vaticano ha protestado contra la disposición que prevé que las escuelas católicas privadas no estarían exentas de organizar actividades durante la futura Jornada Nacional contra la Homofobia. La Santa Sede considera, además, que el proyecto de ley italiano ataca la libertad de pensamiento de los católicos y ha manifestado su temor por las posibles consecuencias judiciales. “Pedimos que se tengan en cuenta nuestras preocupaciones”, ha escrito el Vaticano, según apunta Il Corriere.
El responsable de las relaciones exteriores del Vaticano alega que si Italia lleva adelante sus intenciones sobre la nueva ley contra la homofobia estaría incumpliendo el nuevo Concordato firmado en 1984 con el entonces primer ministro Bettino Craxi, que a su vez es una revisión del rubricado con Benito Mussolini en 1929, que marcó la reconciliación entre el Estado Italiano y la Santa Sede. Aunque por el momento el Vaticano no se ha pronunciado al respecto, el diario italiano señala que Gallagher, en su nota formal, defiende que el acuerdo vigente garantiza a la Iglesia “libertad de organización, de público ejercicio de culto, de ejercicio de magisterio y del ministerio episcopal”.
El primer punto del Concordato al que se refiere la Secretaría de Estado afirma en concreto que “la República Italiana reconoce la plena libertad de la Iglesia católica para llevar a cabo su misión pastoral, educativa y caritativa de evangelización y santificación”. Gallagher también aduce que el documento bilateral certifica a los católicos y sus asociaciones y organizaciones “la plena libertad de reunión y manifestación del pensamiento con la palabra, los escritos y cualquier otro medio de difusión”.
Un choque sin precedentes
Se trata de un choque sin precedentes en la historia de las estrechas relaciones entre Italia y el Vaticano, puesto que este último, hasta el momento, nunca había intervenido directamente en el proceso de tramitación de las leyes italianas. En otras ocasiones la iglesia ya había entrado en el debate político italiano, como durante las tramitaciones de las leyes del divorcio y del aborto en las décadas de los setenta y ochenta del siglo pasado o recientemente contra la ley de uniones civiles, la fecundación asistida o la investigación científica con células madre, pero no se había llegado a poner en marcha la maquinaria diplomática ni se había creado un clima similar de conflicto diplomático.
