El Consejo de Guardianes de Irán ha eliminado cualquier rivalidad digna de ese nombre en las elecciones presidenciales del próximo 18 de junio, según se desprende de la lista anunciada este martes por el Ministerio del Interior. Aunque ha aprobado a siete candidatos, el veto a varias figuras moderadas, en especial al expresidente del Parlamento Ali Lariyaní, deja la vía libre al ultraconservador Ebrahim Raisí. Varios de los otros seis parecen actuar como meras comparsas y se espera que se retiren a favor del favorito antes del voto. El propio Raisí ha pedido un marco “más competitivo”.
A pocos observadores ha sorprendido el veto del Consejo (un órgano formado por 12 juristas y controlado por el líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei) al expresidente Mahmud Ahmadineyad o incluso al actual vicepresidente primero, Eshaq Yahangirí. Ahmadineyad acabó su mandato en 2013 enfrentado a Jamenei y este ya le aconsejó que no se volviera a presentar en 2017. En cuanto a Yahangirí, es uno de los últimos reformistas que queda en activo tras la expulsión de esa corriente de la escena política en 2009.
El único asociado con el campo reformista es el poco conocido Mohsen Mehr-Alizadeh, que fue candidato en 2005. Del resto, el exnegociador nuclear Said Yalili, que concurrió a las presidenciales de 2013, y el exgeneral de la Guardia Revolucionaria Mohsen Rezaeí, que lo ha intentado en cuatro ocasiones, son claramente conservadores. Los otros tres son políticos desconocidos a escala nacional. “Es un resultado muy desequilibrado hacia los conservadores”, señala Luciano Zaccara, especialista en Irán y profesor de Estudios del Golfo en la Universidad de Qatar.
De hecho, el giro conservador del régimen islámico ha conseguido que políticos como Lariyaní o el presidente Hasan Rohaní sean percibidas como moderadas. De ahí que, al concluir el segundo mandato de este (que por ley no puede renovar), quienes aún creen en la capacidad de regeneración del sistema vieran en el expresidente del Parlamento una especie de Rohaní bis, la última esperanza de frenar el total dominio de los ultras, que ya controlan los poderes legislativo y judicial.
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