El que fuera gerente de Imelsa, extinta empresa de la Diputación de Valencia, Marcos Benavent, conocido popularmente como el yonki del dinero ha cambiado radicalmente su versión de hace seis años que posibilitó la apertura de varios casos de presunta corrupción relacionados con él mismo y sus compañeros del PP valenciano.
Se trata de casos como Taula, Imelsa o Erial, que afectan al expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus o al expresidente de la Generalitat valenciana Eduardo Zaplana, entre otros numerosos cargos investigados o procesados. Benavent ha pedido la nulidad de las grabaciones que él realizó porque fueron manipuladas posteriormente por él. En una de ellas, por ejemplo, se registraba el pago de mordidas y cómo se contaban los billetes, entre otras prácticas corruptas que tuvieron mucho impacto mediático y judicial.
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Además, Benavent ha cuestionado la entrada y registro que hizo la Guardia Civil en el despacho de su anterior abogado y toda la documentación que se llevaron. Ha indicado que cuando regresó a España para preparar su defensa, guardaba toda la documentación que tenía en el despacho de su letrado. En un momento dado, la Guardia Civil se lo llevó todo y se quedó indefenso, ha manifestado. Por este motivo, su actual abogado ha impugnado esa entrada.
Estas declaraciones son especialmente relevantes porque afectan al llamado caso Erial y al expresidente de la Generalitat valenciana, Eduardo Zaplana, del PP.
Todo indica que la nuestra estrategia de Benavent pasa por alargar el proceso y sembrar de dudas la instrucción con el fin de poder beneficiarse de la doctrina de los frutos del árbol envenenado en virtud de la cual cualquier prueba que directamente o indirectamente nexo se pudiera relacionar con una prueba nula debe también considerarse nula. Fuentes de la Fiscalía quitan importancia al cambio en la declaración de Benavent por el momento procesal y por la consistencia de las pruebas. Benavent ha cambiado de abogado y ahora dirige su defensa el penalista Juan Carlos Navarro.
Empresa pantalla
El caso Imelsa se remonta al año 2014, cuando Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación a raíz de una denuncia de EUPV en la que se aludía a una presunta trama de corrupción en Imelsa, la extinta empresa de la Diputación de Valencia. En concreto, se acusaba a Benavent de crear una empresa pantalla que facturaba a otras cinco mercantiles que a su vez cobraban a Imelsa por trabajos que presumiblemente no se realizaban.
De ahí se habrían desviado diferentes comisiones, perjudicando a las arcas públicas. La causa, que acabó dividida en diferentes piezas, en las que se han estudiado contratos con diferentes empresas relacionados, entre otros, con planes de inversión de campos y césped artificial, de piscinas cubiertas y campos de pádel, llevó a la detención e investigación en enero de 2016 del expresidente de la Diputación con el PP Alfonso Rus y parte de su cúpula en la corporación provincial y también acabó en otra derivada: el caso Taula o pitufeo, que afectó al grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia en la época de Rita Barberá al frente de la Alcaldía.
En varias de estas piezas ya se ha acordado la apertura de juicio oral. La primera es por las supuestas irregularidades en adjudicaciones a la empresa Thematica Events. En este caso se prevé sentar en el banquillo en una vista fijada para mayo y junio de 2022 a los primeros acusados que se enfrentan a delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad en documento mercantil y en oficial realizado por funcionarios, fraude en la contratación y blanqueo de capitales. Para Marcos Benavent la Fiscalía pide ocho años y tres meses de cárcel.