¿Ir a votar o comprar un kilo de arroz? En la mayoría de ciudades brasileñas, un viaje de ida y vuelta en autobús o metro ronda los ocho reales (1,5 euros o dólares). Puede parecer poca cosa, pero en un país con 33 millones de personas pasando hambre, el coste del transporte público hace que muchos prefieran guardarse ese dinero para comprar algo de comida. En Brasil, el voto es obligatorio, pero la multa por no hacerlo es simbólica, 3,51 reales (0,65 euros o dólares). Sale más barato pagarla que levantarse del sofá y subirse a un autobús.
En la primera vuelta más de 31 millones de brasileños se quedaron en casa, algo más del 20% de todos los que estaban llamados a votar. Para luchar contra la abstención, ya entonces muchas ciudades y Estados promovieron transporte público gratis el domingo electoral, movimiento que ha ido a más cuando se acerca el cara a cara final entre Lula y Bolsonaro de este domingo 30 de octubre. Un total de 26 capitales de los estados del país tendrán buses gratis, y otras 150 ciudades también se sumaron a la iniciativa. Muchas de ellas incluso pondrán refuerzos. En São Paulo, hogar de casi 12 millones de personas, el ayuntamiento pondrá 2.000 autobuses extra para reforzar la operación del domingo. Es un movimiento inédito, que no ha ocurrido en elecciones anteriores.
Para Vitor Mihessen, coordinador de la Casa Fluminense, una de las más de 70 entidades que han presionado a las autoridades a través de la plataforma ‘Pase libre por la democracia’, la movilización es una buena noticia. Recuerda que al puro coste económico se suman las circunstancias que afectan a los más vulnerables: “Hay mucha gente en la calle, gente que ha perdido la casa, y mantiene su título de elector en el sitio donde vivía antes, por ejemplo, o gente que por la crisis se ha tenido que ir a vivir a un barrio más barato, o a una favela, y no ha actualizado su lugar de votación”, explica en una conversación telefónica. No todos viven cerca del colegio electoral donde deben votar.
Además, el transporte público brasileño aún sufre las consecuencias de la pandemia de la covid-19. Con la caída del número de pasajeros, las empresas concesionarias de autobuses (el sistema que usa la gran mayoría de la población) cortaron muchas líneas, que no han vuelto a circular desde entonces, por lo que los problemas de movilidad se han multiplicado. Por eso, Mihessen resalta que es importante no solo garantizar que el transporte sea gratis, sino que realmente funcione. “Todo esto no sirve de nada si luego llega el domingo y no hay buses, o pasan cada dos horas”, subraya.
A primera vista, podría parecer que hay un consenso político a favor de la participación en la “fiesta de la democracia”, pero no es exactamente así. Antes de la primera vuelta, el equipo de campaña de Bolsonaro recurrió a la Justicia Electoral pidiendo que se impidiera la gratuidad, alegando que se trataba de una “grave interferencia” en el funcionamiento del transporte público que podría beneficiar a algunos candidatos, y que muchos municipios no podrían asumir ese coste financiero.
La Justicia Electoral respondió calificando esos argumentos de “absurdos”, por comparar la universalidad del transporte público con el transporte clandestino de grupos de electores para que voten a un determinado candidato, algo prohibido por ley. El Tribunal Supremo Federal también despejó dudas, recalcando que los alcaldes que impulsen el transporte público gratuito no cometerán ningún delito contra la administración, lo que dio tranquilidad y animó a muchas ciudades.
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Detrás de los recelos de la campaña de Bolsonaro está el miedo a que estas medidas beneficien a Lula. Quien viaja en autobús tiene menos poder adquisitivo, y por normal general, los pobres tienden a votar más al líder del Partido de los Trabajadores (PT) que a Bolsonaro. Ese temor se observa también a nivel regional, con gobernadores o alcaldes aliados del actual presidente poniendo pegas o trabas al transporte gratis.
El conservador Gobierno del Estado de São Paulo, del que depende la importante red de metro y trenes, todavía no se ha pronunciado sobre este debate, a pesar de las fuertes presiones de la Fiscalía, que pide a la Justicia regional que obligue a garantizar el derecho a la tarifa cero. En Río de Janeiro pasa algo parecido; aunque la ciudad, en manos de un aliado de Lula, sí garantiza los buses gratis, la red de tren y de barcos que conectan el área metropolitana, en manos de un gobernador bolsonarista, en principio seguirán siendo de pago.
En Minas Gerais, un Estado clave que suele decantar la balanza, el gobernador Romeu Zema, aliado de Bolsonaro, se negó a la gratuidad, y aliados de Lula lo acusan de estar presionando a alcaldes de ciudades decisivas para que tampoco faciliten el voto. “Zema está pidiendo a los alcaldes que no ayuden a los electores a votar, eso es un delito. El elector de la zona rural, de baja renta, necesita de ayuda del poder público para poder ejercer su ciudadanía”, decía estos días el senador progresista Alexandre Silveira.
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