A menos de un mes de las elecciones del Poder Judicial, el Observatorio Electoral Judicial ha encendido las alarmas por la posible intromisión del crimen organizado en este proceso. Recientes denuncias han revelado candidaturas con vínculos sospechosos a organizaciones criminales, lo que agrava la situación en un contexto electoral marcado por la violencia.
En su decimosegundo informe, diversas organizaciones que participan en este observatorio enfatizan los riesgos asociados a las elecciones judiciales. A diferencia de las elecciones políticas, estas carecen del mismo trasfondo político en el país, lo que hace aún más preocupante que la violencia se integre como un factor a considerar en el proceso.
Un análisis realizado por México Evalúa, también miembro del observatorio, destaca que de las 19 entidades federativas que elegirán jueces estatales y federales, ocho se encuentran en una situación de alto riesgo de violencia político-criminal. Estas entidades son Baja California, Chihuahua, Colima, Michoacán, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz. En estas regiones, los mismos factores que han alimentado la violencia en elecciones pasadas están presentes, brindando espacio para que el crimen organizado no solo intervenga sino que capture los resultados electorales, afectando la elección de juzgadores a lo largo del país.
El informe expone que la vulnerabilidad ante el crimen organizado se evalúa en función de las capacidades institucionales para investigar y actuar, identificando que a menor capacidad, mayor es la exposición del estado a la intromisión criminal. Además, se plantea que en aquellas entidades con más cargos en juego en 2025, se incrementa la posibilidad de cooptación de jueces, acentuando aún más el riesgo.
Con elecciones judiciales y políticas programadas para 2027, la situación se vuelve aún más crítica. Se observa un debilitamiento en las autoridades electorales y judiciales, así como una falta de mecanismos de acción para enfrentar estos escenarios. El comportamiento atípico de la violencia electoral parece deberse a la incertidumbre y la escasa información sobre las candidaturas, además de la inexistencia de sistemas efectivos de denuncia ante situaciones violentas.
Finalmente, el informe hace hincapié en que las dinámicas de violencia, que buscan influir en la selección y eventual triunfo de candidaturas, operan fuera del marco legal. Por ello, se plantea la necesidad de explorar alternativas que permitan identificar estos casos y mitigar la captura de los procesos judiciales por intereses políticos, económicos y criminales.
La información que se ha compartido proviene de un análisis realizado hasta el 12 de mayo de 2025, y es esencial tener en cuenta la evolución de estas circunstancias como un tema de atención continua para la sociedad y las autoridades.
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