Por reprimir y hacer uso excesivo de la fuerza, en contra de migrantes haitianos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al Instituto Nacional de Migración (INM) y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
La recomendación 176/2022 fue enviada este viernes a la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, y al comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yánez, por violaciones a la seguridad jurídica, a la integridad personal y al trato digno en agravio de 22 personas en condición de migración internacional, alojadas en la Estación Migratoria (EM) Siglo XXI en la ciudad de Tapachula.
Según la CNDH, los migrantes fueron agredidos con toletes, bastones eléctricos y gases lacrimógenos por elementos de la Guardia Nacional (GN) y del Servicio de Protección Federal (SPF) con la anuencia del personal del INM.
Recordó el ombudsman nacional que el 16 de junio de 2021, personal de la Comisión Nacional visitó la EM Siglo XXI y conoció las quejas que presentaron ocho víctimas directas sobre los hechos registrados el día anterior y que afectaron, al menos, a 22 personas.
Dice la CNDH en su misiva oficial que “se pudo comprobar que un grupo de personas de nacionalidad haitiana se manifestaban en contra del personal del INM porque no se resolvía su situación migratoria, protesta a la que se unieron otras personas extranjeras, por lo que el personal de Migración solicitó y autorizó la entrada de elementos de la Guardia Nacional con equipo antimotines y del SPF, quienes ingresaron a la sección de hombres y a la de “solicitantes del reconocimiento de condición de refugiados o vulnerables”, y con gases lacrimógenos y agresiones físicas y verbales los obligaron a salir al patio de recreación, donde permanecieron tirados en el suelo bajo intensa lluvia.
Tras esto, el 18 y 23 de junio de 2021, el defensor público federal y la directora de una Organización de la Sociedad Civil presentaron también quejas sobre los hechos ocurridos el 15 de junio. Y los días 19, 20 y 22 de julio, así como el 2 y 17 de agosto del mismo año, siete quejosos más presentaron denuncias por los mismos sucesos.
La CNDH elaboró 11 actas circunstanciadas y solicitó en reiteradas ocasiones, incluso de manera personal, informes adicionales, sin obtener respuesta alguna por parte del INM y de la SSPC.
“El día de los sucesos, y luego de someter a las víctimas, elementos del SPF detuvieron a 14 personas a las que se les acusó de amotinamiento en flagrancia, lesiones al personal de la GN y daños en agravio del INM. Los elementos de la SSPC no ratificaron su querella y, en cuanto a los daños a la institución, se llegó a un acuerdo reparatorio, por lo que el ministerio público federal decretó el no ejercicio de la acción penal”, dijo la CNDH.
Agregó el organismo que del análisis lógico-jurídico de las evidencias recabadas, la CNDH pudo constatar que al menos cinco personas servidoras públicas de la SSPC y del INM incurrieron en violaciones a los derechos humanos de las personas en contexto de migración, ya que personal con jerarquía y mando no supo controlar la situación y permitió el uso excesivo de la fuerza.
A decir de las personas quejosas y testigos, además de utilizar toletes y bastones con descargas eléctricas, los elementos de la GN y del SPF hicieron uso de tubos y otros instrumentos para golpear, además de las agresiones verbales que propinaron a las víctimas durante su sometimiento.
“Se comprobó, también, que tres autoridades de Migración, responsables de otorgarles seguridad a las personas trashumantes en el recinto migratorio y darles un trato digno, vulneraron el derecho a la seguridad jurídica y personal de los agraviados, mientras que dos personas servidoras públicas de la GN y del SPF en su calidad de ordenadoras permitieron el uso excesivo de la fuerza y trasgredieron el derecho a la integridad personal de 22 personas”, expuso el organismo.
Es por eso que la CNDH solicitó a la titular de la SSPC y al comisionado del INM colaborar en la inscripción de las 22 víctimas en el Registro Nacional y proceder a la inmediata reparación del daño causado, que incluya el acceso a atención médica y psicológica a las víctimas.
Además, les pidió coadyuvar con la Comisión Nacional en la presentación y seguimiento de la denuncia administrativa que se presente ante el Órgano Interno de Control en la SSPC, en el de la Guardia Nacional y en el del INM en contra de, por lo menos, cinco personas servidoras públicas (dos de la SSPC y tres más del INM) para la investigación de los hechos y las responsabilidades que se les atribuyen en esta recomendación.
Asimismo, deberán diseñar y aplicar un protocolo de actuación que considere los principios de absoluta necesidad, legalidad, prevención, proporcionalidad y vigilancia que rigen el uso de la fuerza, así como los manuales de técnicas para ese uso de la fuerza y las conductas a realizar por el personal de la SPF y la GN que ingresa a las estaciones migratorias. Así como un curso sobre derechos humanos con énfasis en el respeto a la seguridad jurídica, a la integridad personal y el trato digno.
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