La reciente publicación del reglamento de la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar ha marcado un hito en la política de infraestructura del país. Este reglamento, que cuenta con 320 artículos y 12 puntos transitorios, fue difundido en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación el pasado viernes y entró en vigor al día siguiente, reflejando la urgente necesidad de fomentar el desarrollo de proyectos de infraestructura que integren la participación de los sectores público y privado, todo bajo una óptica social.
El reglamento establece claramente que su carácter es general y su observancia obligatoria. Su objetivo principal es desarrollar las disposiciones de la nueva ley en aspectos cruciales como la estructuración, evaluación, instrumentación y seguimiento de los Proyectos para el Desarrollo con Bienestar, así como de los Vehículos de Propósito Específico (VPE). Estos vehículos pueden ser diversas figuras jurídicas, como sociedades o fideicomisos, que buscan generar sinergias efectivas entre los diferentes sectores implicados, sin que su creación suponga alguna carga financiera para el Gobierno Federal.
Un aspecto importante a resaltar es el papel que desempeñará la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tras la publicación del reglamento. En un plazo de 90 días hábiles, la SHCP deberá emitir lineamientos específicos, criterios técnicos y metodologías esenciales que faciliten la adecuada implementación de la ley. Estas disposiciones abarcarán desde la incorporación de proyectos y esquemas de fondeo hasta la supervisión y control presupuestario de los proyectos seleccionados, lo que implicará un enfoque integral para asegurar el éxito de dichas iniciativas.
Con este nuevo marco normativo, la administración busca no solo el fortalecimiento de la infraestructura, sino también el bienestar social, alineando intereses públicos y privados de forma coherente. En un contexto donde la colaboración intersectorial es vital, la ley y su reglamento aparecen como herramientas fundamentales para impulsar el desarrollo económico del país sin comprometer la disciplina fiscal.
Esta regulación es un paso decisivo hacia la modernización de la infraestructura nacional, priorizando la coordinación efectiva y el manejo responsable de los recursos. A medida que se implementan estas disposiciones, el impacto en el desarrollo socioeconómico se reflejará en la creación de un entorno más propicio para la inversión en infraestructura, beneficiando no solo a las empresas involucradas, sino también a la ciudadanía en general. La atención ahora se dirige a la efectividad de los lineamientos que deben ser emitidos por la SHCP y a la forma en que estos se aplicarán en la práctica.
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