Los responsables de la empresa Escal, adjudicataria del desarrollo del mayor almacén subterráneo de gas que se iba a implantar en España, se sientan a partir de este lunes en el banquillo acusados de un delito contra el medio ambiente y los recursos naturales con riesgo para la vida e integridad física de las personas y con un grave riesgo irreversible o catastrófico. Por ello, la Fiscalía pide para cada uno de los dos acusados seis años de cárcel así como la condena a la empresa para que nunca más pueda realizar actividades en el subsuelo y en el sistema gasista.
Por la Audiencia Provincial de Castellón está previsto que pasen cerca de 200 testigos y una cuarentena de peritos que relatarán cómo el inicio del desarrollo del proyecto acabó provocando cerca de un millar de movimientos sísmicos con los consiguientes daños medioambientales y materiales. Según el escrito de acusación del fiscal, los acusados actuaron “con absoluta ligereza y de manera totalmente irresponsable” puesto que estaban advertidos de las consecuencias que podía tener la inyección del gas en el depósito.
El proyecto Castor fue una concesión administrativa otorgada en 2008 para la explotación de un almacén subterráneo de gas aprovechando una estructura geológica de un antiguo yacimiento petrolífero de Amposta, a más de 1.700 metros de profundidad y a una distancia de 22 kilómetros de la costa castellonense de Vinaròs. La idea era almacenar hasta 1.900 millones de metros cúbicos de gas natural, lo suficiente como suministrar el equivalente a 50 días de consumo de toda España, según se estimó. Para el almacenaje, el proyecto precisaba que se inyectara el gas en el depósito.
Durante la tramitación de la Declaración de Impacto Ambiental, el Observatorio del Ebro ya advirtió del riesgo de terremotos y recomendó la implantación de una red de monitorización sísmica. Pero, según el fiscal, “con conocimiento de todos los acusados de los riesgos inherentes a las operaciones planificadas y sin que por parte de la mercantil se dispusiera del oportuno programa de cumplimiento normativo de las operaciones de inyección” se inició la inyección de gas. El almacenaje comenzó el 13 de junio y fue paralizado el 17 de septiembre de 2013.
Según datos del Observatorio del Ebro, hasta el día de la paralización de las inyecciones de gas se produjeron 285 sismos, mientras que, una vez cejaron las actividades y hasta noviembre de ese año hay registro de otros 733. El mayor de ellos fue de una magnitud de 4,1. Tal como recoge el fiscal en su escrito de acusación “el riesgo potencial de terremotos de consecuencias trágicas y nefastas para las personas, bienes y medio ambiente deviene incuestionable”.
Los terremotos provocaron, además, decenas de desperfectos en casa por lo que más de una treintena de propietarios de viviendas y locales que sufrieron daños por los movimientos sísmicos reclaman indemnizaciones.
Sin embargo, las consecuencias del proyecto Castor no fueron solo físicas. La paralización del proyecto supuso la ejecución de la letra pequeña del contrato de concesión, en la que se fijaba una indemnización en el caso de que el almacén no operara. La concesionaría Escal (controlada en un 66,7% por ACS) y cuyos responsables se sientan el lunes en el banquillo, cobraron 1.350 millones de euros por las inversiones realizadas. El pago se realizó a través de Enagás Transporte, la gestora técnica del sistema gasista, que pasaba a hacerse cargo de la instalación y su mantenimiento y de repercutir el dinero de la indemnización en el recibo del gas de los consumidores durante los siguientes 30 años. Realmente, el dinero fue adelantado por los bancos Santander, Caixabank y Bankia, que firmaron un acuerdo con Enagás para hacerse con los derechos de cobro de esos recibos hasta la cantidad de 1.350 millones. La fórmula de pago, ideada por el entonces Gobierno del PP, fue anulada por el Tribunal Constitucional en 2017 ya que fue aprobada a través de un real decreto ley, sistema que solo permite cuando se dan situaciones de urgencia y los 35 días para que Escal cobrara la indemnización no lo eran.
Sin embargo, una posterior sentencia del Tribunal Supremo de 2020, obligó al Estado a pagar 1.350 millones de euros después de que el pago quedara en el aire al ser declarado inconstitucional. En diciembre de ese mismo año, el Boletín Oficial del Estado publicó una autorización de endeudamiento a Hacienda por valor de 638 millones de euros para hacer frente al desembolso.
Pese a que cinco ministros y dos altos cargos, además de dos empresarios, entre ellos el presidente de ACS, Florentino Pérez, se enfrentaron a una querella por malversación, prevaricación y fraude a la Administración Pública, la Audiencia Nacional archivó por dos veces la denuncia.
