La lucha contra la corrupción y la mala conducta en la administración pública ha dado un paso significativo en México, tras la reciente sanción a tres empresas que habrían incurrido en irregularidades al celebrar contratos con la Administración Pública Federal (APF). La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno anunció el 12 de enero que estas compañías, al proporcionar información falsa, han sido inhabilitadas para realizar contratos, ya sea de forma directa o a través de intermediarios.
Las empresas afectadas son Once Cero Nueve 92, S.A. de C.V., Quality Roads de México, S.A. de C.V., y Sofman, S.A. de C.V. A cada una de las primeras dos se les impuso una multa de 977,130 pesos, además de una inhabilitación de un año y seis meses. Esta sanción se decreta debido a la entrega de información incorrecta relacionada con los contratos CAEM-DGIG-PROAGUA-026-24-CP y CAEM-DGIG-PROAGUA-030-24-CP, otorgados por la Comisión del Agua del Estado de México.
Sofman también fue sancionada, pero en su caso se enfrentó a dos multas independientes, igualmente de 977,130 pesos y una inhabilitación de duración idéntica, asociadas con los contratos CAEM-DGIG-PROAGUA-063-24-AD y CAEM-DGIG-PROAGUA-027-24-CP. Este tipo de medidas refleja el compromiso del gobierno por mantener la integridad y transparencia en la gestión pública.
El llamado a la ética y la responsabilidad en las contrataciones públicas es fundamental para prevenir el uso indebido de recursos y asegurar que los contribuyentes obtengan un servicio de calidad. La administración ha enfatizado que “engañar para celebrar contratos públicos tiene consecuencias”, subrayando así el impacto que la corrupción puede tener en diversas esferas de la sociedad.
La publicación de estas sanciones en el Diario Oficial de la Federación refuerza la importancia de la rendición de cuentas y el papel de la ciudadanía en la supervisión de estas decisiones gubernamentales. La acción de la Secretaría representa un claro mensaje: el engaño y la deshonestidad no serán tolerados en el ámbito público.
Es un momento crucial para que la sociedad esté atenta a cómo se maneja el dinero público, y estas sanciones son un paso hacia la construcción de un México más transparente y libre de corrupción.
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