En 35 años, 92 crímenes contra sacerdotes

En los últimos años, la violencia en México ha penetrado en los espacios más sagrados, afectando no solo a los sacerdotes, sino también a agentes pastorales, fieles laicos y templos de la Iglesia católica. Según el reciente Reporte Anual 2025 del Centro Católico Multimedial (CCM), casi un centenar de personas ha sido asesinada, con un alarmante índice de impunidad superior al 80%.

Desde 1990 hasta este año, al menos 92 sacerdotes, religiosos y laicos vinculados a la vida parroquial han sido asesinados en diferentes partes del país. Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) y en lo que va del mandato de Claudia Sheinbaum (2024-2025), se han contabilizado 13 sacerdotes asesinados, un fenómeno que se acompaña de desapariciones y agresiones a comunidades religiosas.

Es importante destacar que, aunque el total de homicidios ha disminuido en comparación con el periodo 2012-2018, nuevas formas de violencia han surgido, manteniendo un clima de temor en las comunidades católicas. El CCM aclara que no existe una persecución religiosa sistemática ni restricciones a la libertad de culto; sin embargo, advierte que el crimen organizado ha convertido a sacerdotes y comunidades católicas en objetivos estratégicos, viéndolos como “estabilizadores sociales” que complican el control territorial y político en regiones dominadas por grupos criminales.

Particularmente, Guerrero se ha establecido como una de las entidades más peligrosas para el ejercicio del ministerio sacerdotal. Desde 2009, se han registrado ocho sacerdotes y dos seminaristas asesinados en esta entidad, muchos de cuyas muertes permanecen sin resolver. La falta de justicia en estos casos ha llevado a sospechas de colusión entre grupos criminales y autoridades locales.

Pero Guerrero no es la única región afectada. La Ciudad de México fue identificada como la entidad con más crímenes registrados contra sacerdotes y laicos en el periodo mencionado, con un total de 11 eventos. Le siguen Guerrero con 10 casos, y el Estado de México y Guanajuato, cada uno con nueve. Michoacán sumó ocho, mientras que Chihuahua y Jalisco reportaron seis asesinatos, consolidando una tendencia alarmante en la seguridad de las comunidades religiosas.

Estos acontecimientos revelan una preocupante intersección entre la delincuencia organizada y la vida religiosa en México, un país en donde el Estado, laico por mandato, debería garantizar la libertad y seguridad religiosa. A medida que el crimen organizado sigue acechando a instituciones y comunidades, la necesidad de un enfoque más robusto y efectivo para proteger a los líderes religiosos se hace imperativa. La situación actual exige no solo atención, sino una acción decidida por parte de las autoridades para revertir la tendencia y asegurar que la fe en México pueda ejercerse sin temor.

Gracias por leer Columna Digital, puedes seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram o visitar nuestra página oficial. No olvides comentar sobre este articulo directamente en la parte inferior de esta página, tu comentario es muy importante para nuestra área de redacción y nuestros lectores.