De acuerdo con el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), en la última década, las autoridades mexicanas han recibido 3 mil 656 denuncias por el delito de aborto a nivel nacional.
Según el informe, “El camino hacia la justicia reproductiva: una década de avances y pendientes”, se tiene registro de 380 juicios penales por dicho agravio en nuestro país, aunque precisó que algunas autoridades proporcionaron el número de sentencias, carpetas o expedientes iniciados por este delito y no el de juicios penales.
Asimismo detalla que, del número total de mujeres denunciadas por el delito de aborto, 33.78% llegó a un juicio y que el 43.54% de mujeres obtuvieron una sentencia condenatoria, mientras que el 22.58% se encuentra en prisión definitiva.
En total, sostiene, hay 28 mujeres en prisión definitiva por el delito de aborto, entre enero 2010 y enero 2020.
Respecto a la violencia obstétrica, GIRE señala que existen fallas estructurales en el sistema de salud y que éstas tienen un impacto particular para las mujeres de comunidades indígenas y afromexicanas.
“La atención por parte del Estado a la emergencia sanitaria ha exacerbado las desigualdades que afectan a este grupo poblacional. Los recortes presupuestales para atender espacios comunitarios que dan atención a mujeres indígenas y afromexicanas son una muestra de que el Estado incumple con su obligación de garantizarles una vida libre de violencia y el derecho a la salud”, expresa el documento.
Asimismo detalla que la pandemia por Covid-19 ha sido objeto del aumento de casos de muerte materna debido a la disminución de las opciones que las mujeres y personas con capacidad de gestar han tenido para recibir atención médica prenatal.
Por lo que destaca que el incremento en la Razón de Muerte Materna (RMM) durante la contingencia, se traduce en una regresión de cerca de una década respecto a la tendencia precedente: mientras que la RMM calculada hasta la semana epidemiológica 16 de 2021 es de 50.8, la RMM registrada para el año 2010 es de 51.5.
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