Este miércoles, en la sala de vistas del tribunal analiza un caso para el futuro de las elecciones de Estados Unidos. Bajo el tecnicismo del caso Moore contra Harper está en juego conceder al poder legislativo de Carolina del Norte la capacidad para regular a su beneficio los comicios, con el riesgo de manipular la voluntad del electorado y, en último extremo, alterar incluso las reglas por las que se nombran a los electores estatales para la designación de presidente.
El Gobierno de Biden, por un lado, y el Comité Nacional Republicano, por otro, han participado en el caso con posiciones opuestas. Los republicanos consideran una exageración decir que si el Supremo falla a su favor es “el fin de la democracia”. De lo que no hay duda es de la relevancia política del caso, un recurso contra la decisión del Tribunal Supremo de Carolina del Norte de anular los mapas electorales dibujados a su favor por los republicanos, que controlan el Congreso estatal, pues consideraba que era demasiado partidista y artificial, un caso extremo de gerrymandering (el diseño de los distritos para beneficiar a un partido).
El presidente de la Cámara de Representantes de Carolina del Norte, Timothy Moore, recurrió alegando la “doctrina de la legislatura estatal independiente”, que defiende que solo los parlamentos estatales y el Congreso en Washington tienen potestad para decidir las reglas de las elecciones federales: las presidenciales y las legislativas.
El artículo 1 de la Constitución de Estados Unidos dice: “Los lugares, épocas y modo de celebrar las elecciones para senadores y representantes se prescribirán en cada Estado por la legislatura respectiva, pero el Congreso podrá formular o alterar las reglas de referencia en cualquier tiempo por medio de una ley (…)”.
La cuestión es si cuando la Constitución habla de las “legislaturas” estatales da carta blanca al poder legislativo para saltarse incluso las constituciones estatales y el control de los tribunales. Si se rompe la tradición asentada durante toda la historia constitucional estadounidense y se considera así, las implicaciones pueden ser tremendas, porque abriría paso a todo tipo de maniobras más agresivas para favorecer al partido propio por parte de los parlamentos estatales. Pero también cabe que el Supremo decida que en este caso concreto el tribunal estatal se extralimitó, sin por ello conceder que el poder de las legislaturas al decidir las reglas electorales es ilimitado. Parte de los magistrados conservadores parecían decantarse este miércoles por buscar ese punto de equilibrio y no adoptar la versión más radical de la teoría de la legislatura estatal independiente. Siempre queda además el control por parte de los tribunales federales.
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