La ratificación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México (T-MEC) enfrenta considerables desafíos en el ámbito energético que podrían definir su futuro. Dos cuestiones centrales emergen en estas discusiones: la libertad de competencia en la importación, distribución, y venta de petrolíferos y petroquímicos en México, y la propuesta de incrementar del 5.8% actual al 10% el contenido de etanol en los combustibles mexicanos. Esta última medida es vista como un impulso positivo para el sector agrícola estadounidense.
Víctor Hugo Juárez Cuevas, CEO de la consultora Edge Innovation, que ha estado presente en las recientes rondas de negociación, subraya la importancia de estos temas. Más allá de la cifra de etanol, las conversaciones se tornan cada vez más complejas al abordar la seguridad jurídica necesaria para las inversiones en el sector energético. La posibilidad de almacenar combustibles sin la participación de Petróleos Mexicanos (Pemex) se presenta como una barrera. A pesar de que legalmente es viable, la realidad muestra que muchas empresas enfrentan obstáculos sustanciales, a menos que busquen asociarse con Pemex, que sigue dominando el mercado con más del 65% de las estaciones de servicio.
Estados Unidos también está presionando para facilitar la entrada de nuevas marcas de gasolineras al mercado mexicano, tras la apertura del sector privado en 2015. Sin embargo, la falta de estabilidad en el apoyo a estas empresas ha resultado en la salida de varias de ellas, que han reducido sus operaciones debido a un entorno que ha favorecido a Pemex.
Además, se discute la necesidad de extender los plazos de los permisos que otorga la autoridad mexicana. En ciertas áreas, como el almacenamiento, la duración de estos permisos se ha reducido drásticamente de 20 años a solo uno, prorrogable hasta tres. Esto complica la amortización de las inversiones, generando una incertidumbre adicional.
Otro punto de presión es la demanda de las autoridades estadounidenses para que se minimice el trato preferente a las empresas públicas en México. Con la actual dirección política en el país, que parece consolidar el poder de estas entidades, las negociaciones se mantienen tensas.
Finalmente, un aspecto crucial para los socios comerciales de México es la lucha contra el “huachicol fiscal”. Se espera que el gobierno mexicano acelere sus acciones en este ámbito y busque colaboración más allá de sus fronteras, un paso necesario para estabilizar el sector energético.
En conclusión, los próximos movimientos en el marco del T-MEC serán determinantes no solo para la competitividad energética de México, sino también para la equidad en la relación comercial con Estados Unidos y Canadá. Las decisiones que se tomen en este contexto definirán el panorama del sector en los años venideros.
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