Liderando el Gremio Gasero Nacional, Enrique Medrano Meza se encuentra bajo la lupa tras su reciente arresto por cargos de narcomenudeo y extorsión, a manos de las Fuerzas Federales. Su detención llega solo meses después de haber promovido acciones de resistencia para eliminar el tope al precio del gas LP, además de participar en cruciales negociaciones con las autoridades.
El traslado de Medrano al Reclusorio Norte ha generado inquietud entre sus seguidores, quienes han amenazado con interrumpir el suministro de gas si es vinculado a proceso. Este escenario se enmarca en una lucha más amplia que el gobierno de México enfrenta contra la inflación alimentaria, un fenómeno acentuado por el papel de gasolineros y gaseros en el contexto económico actual.
Las alzas en los precios no son ajenas a la realidad; el control del precio de la tortilla —clave en el PACIC— se mantiene, a pesar de los esfuerzos de la Secretaría de Economía. Sin embargo, los expertos apuntan que las restricciones de precios benefician a los fabricantes industriales de tortillas, al tiempo que perjudican gravemente a los distribuidores de gas LP.
El costo de producción de un kilo de tortillas se estima en tan solo 0.85 pesos de gas, representando menos del 5% del precio final que oscila entre 18 y 30 pesos en diversas regiones. Esto ha facilitado que los productores, equipados con maquinaria moderna y económico a gran escala, aprovechen una energía subvencionada que ha perjudicado la rentabilidad de la industria gasera.
El sistema de precios máximo, diseñado para proteger al consumidor, ha llevado a los distribuidores de gas LP a elevar sus quejas, dirigiendo su frustración hacia figuras clave del gobierno como la secretaria de Energía, Luz Elena González, y el procurador del Consumidor, Iván Escalante. Con márgenes de ganancia prácticamente insignificantes, los distribuidores sostienen que operar en este entorno se ha vuelto inviable, especialmente ante el aumento de hidrocarburos y los costos asociados al transporte y regulaciones de seguridad.
Medrano, quien había dejado su cargo en la dirección del gremio hace tres años, ha estado involucrado en el diálogo abierto promovido por las autoridades con los distribuidores de gas. No obstante, las tensiones han persistido desde 2023, y los representantes de la industria han llevado a cabo una campaña mediática para denunciar la intransigencia de la secretaria de Energía y advertir sobre las consecuencias de mantener los precios artificialmente bajos.
El discurso ha tomado un giro polémico, con afirmaciones que sugieren que el “populismo energético” tiene un costo significativo, resaltando cómo ciertos funcionarios han utilizado recursos públicos en su búsqueda de simpatías políticas, sacando a relucir un dilema entre justicia social y eficiencia en el sector.
En otro contexto, se da la noticia de que el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, bajo la gestión de Omar Gildardo Torres, está en proceso de duplicar su capacidad con la construcción de un nuevo edificio terminal. Esta imponente edificación, de más de 74,000 metros cuadrados y una inversión que superará los 9,000 millones de pesos, promete consolidar su estatus como uno de los principales aeropuertos turísticos en México, conectando con 56 destinos nacionales e internacionales.
Dicha expansión es un indicativo del crecimiento en el sector turístico, aunque a la par, los retos que enfrentan los gaseros nos brindan una visión más compleja de la realidad económica del país. Todo esto refleja un panorama donde diversas fuerzas económicas y políticas están en constante interacción, con repercusiones que van más allá de una simple relación de oferta y demanda.
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