Un juzgado federal admitió a trámite una demanda de amparo promovida por Enrique Horcasitas, exdirector del Proyecto Metro, con el que busca conocer el contenido del acuerdo reparatorio celebrado entre Grupo Carso y el Gobierno de la Ciudad de México derivado del colapso en la Línea 12 del Metro.
La demanda de amparo 1076/2021 fue aceptada por el Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, misma que fijó a las 10:00 horas del 3 de enero de 2021 para la realización de la audiencia incidental donde definirá si concede o no este recurso a Horcasitas.
Sin embargo, negó conceder la suspensión provisional con la que el exfuncionario buscaba acceder al documento y frenar de manera momentánea el proceso en su contra, aunque dio un plazo de 48 horas para que las autoridades correspondientes presenten sus informes previos del caso.
Este recurso fue presentado por la defensa legal de Horcasitas desde el pasado 24 de diciembre, mediante el cual se quejó por el hecho de que la Fiscalía capitalina le “negó consultar el acuerdo reparatorio” desde el 28 de octubre del año en curso.
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Desde el 3 de noviembre Gabriel Regino, defensor de Horcasitas, informó sobre la disposición del exfuncionario para llegar a un acuerdo reparatorio, aunque ratificó que éste es inocente y que el proceso en su contra “tiene más tintes políticos que judiciales”.
Antes de iniciar la audiencia programada para ese día el defensor manifestó su decisión de solicitar la anulación del proceso debido al acuerdo entre Carso y el Gobierno de la Ciudad de México, sobre el cual informó acababa de tener conocimiento, extinguió a su consideración la causa penal en contra de Horcasitas.
Pese a lo anterior, la audiencia fue aplazada, por segunda ocasión, debido a que uno de los 10 imputados por el caso y acusados por los presuntos delitos de homicidio, lesiones y daño a la propiedad privada derivada del derrumbe de la llamada “Línea Dorada” no se presentó.
Ese mismo día los defensores de las víctimas del siniestro, Christopher Estupiñán y Teófilo Benítez, arremetieron contra el juzgador porque aceptó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no diera a conocer el acuerdo reparatorio al que llegó el Gobierno de la Ciudad de México y la empresa alegando el principio de confidencialidad, pese a que momentos antes había accedido a hacerlo público.
Insistieron en que las víctimas también tienen derecho a conocer este acuerdo reparatorio, por lo que anunciaron medidas ante el Consejo de la Judicatura local para pedir el cambio de juez en el caso.
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