Desde este viernes, Arizona tiene una de las leyes más restrictivas contra el aborto en Estados Unidos. Casi tres meses después de la caída de Roe contra Wade, una jueza local ha levantado un mandato que estuvo vigente durante medio siglo que bloqueaba una norma escrita en 1864. Esta ley, anterior a que Arizona se convirtiera en Estado, permite dictar una pena de prisión de entre dos o cinco años a cualquiera que realice o facilite la interrupción del embarazo. Arizona, un estado republicano, se suma así a una tendencia de las regiones conservadoras que han aprovechado el fallo del Supremo para endurecer las restricciones del aborto o prohibiéndolo del todo. Planned Parenthood, una organización de la defensa de derechos reproductivos, ha informado esta tarde que sus abogados están evaluando los próximos pasos que tomarán, pero pueden apelar la decisión adoptada en un tribunal superior del condado de Pima.
El fallo obliga, de momento, a echar el cierre a las clínicas abortivas en el Estado, de siete millones de habitantes. De no hacerlo, el personal médico y de enfermería correría el peligro de ser procesado penalmente por la norma, incluida en el Código Howell, que fue adoptado por la primera Legislatura de la entidad, hace 158 años. Los legisladores la han revalidado en varias ocasiones, la última de ellas en 1977. Pero la persecución penal de las personas había sido impedida gracias a la legalización del aborto, protegido en Roe contra Wade. Arizona contaba además con una ley secundaria, también del siglo XIX, que enviaba un año a prisión a las mujeres que abortaban. Esta fue derogada el año pasado. No se sabe con exactitud a cuántas mujeres afectó.
La entrada en vigor de una norma anterior a la invención del teléfono ha sido un triunfo para las autoridades republicanas del Estado, que celebrará elecciones en noviembre próximo. “Aplaudimos a la corte la decisión que mantiene la voluntad del poder Legislativo y que da claridad a un asunto tan importante”, ha señalado este viernes el fiscal local, Mark Brnovich. “Seguiré protegiendo a los ciudadanos de Arizona más vulnerables”, añadió en un comunicado.
El mes pasado, los abogados de Brnovich argumentaron frente a la jueza Kellie Johnson, de la corte superior del condado de Pima, que tras la caída de Roe contra Wade no existían elementos para mantener vigente un mandato que bloqueaba que la norma de más de 150 años entrara en vigor. Planned Parenthood luchaba por mantener el estado de las cosas. Johnson ha dado la razón esta tarde al fiscal, pero ha abierto la puerta para que los legisladores elaboren una norma más moderna. “Aunque haya cuestiones legales que las partes buscan resolver en cuanto a los estatutos sobre el aborto, esas cuestiones no deben ser resueltas por este tribunal”, escribió Johnson en su fallo.
La decisión de Johnson llega un día antes de que entre en vigor una norma firmada en marzo por el gobernador Doug Ducey que prohíbe los abortos después de las 15 semanas de embarazo. En Wisconsin, las clínicas también han parado ante la falta de certidumbre después de que se debate si una norma de 1849 puede derivar en procesos penales contra doctoras y enfermeras. Georgia prohíbe el aborto una vez que se escuchan latidos del feto y Florida y Utah han aprovechado la caída de la histórica sentencia para prohibir el aborto desde la semana 15 y 18, respectivamente. Las mujeres que defienden los derechos reproductivos en Arizona se han limitado a recordar en las redes sociales que en 19 días comienzan a llegar a las casas las boletas electorales, un llamado para repudiar la decisión judicial en las urnas. El aborto será uno de los temas centrales de los comicios de noviembre.
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