La democracia liberal, caracterizada por su fe en la razón, la defensa de la ley, los derechos humanos y un sistema de contrapesos en el ejercicio del poder, se enfrenta hoy a desafíos alarmantes. La aparición de gobiernos autoritarios, que establecen alianzas con gigantes tecnológicos y redes de manipulación, pone en peligro estos principios fundamentales. En Estados Unidos, el segundo mandato de Donald Trump ha traído consigo más disrupciones que el primero, pero a la vez presenta menos resistencia a sus decisiones, lo que provoca una sensación de entumecimiento colectivo entre la población. El Partido Demócrata muestra signos de paralización, y hasta la fecha no se vislumbran alternativas políticas efectivas para contrarrestar el extremismo que Trump representa, a pesar de que su gestión caótica aún cuenta con un sorprendente 45% de apoyo popular.
Con respecto a la política comercial, los aranceles impuestos por el gobierno estadounidense a 100 países han hecho que las exportaciones hacia Estados Unidos resulten más onerosas. En el interior del país, esta situación provoca una respuesta mixta. A pesar de que el Tribunal de Estados Unidos ha decidido limitar la autoridad de Trump para establecer aranceles, no los ha eliminado. Así, el Tribunal ha señalado que el Congreso no le confiere al presidente una autoridad amplia para llevar a cabo estas imposiciones.
Este escenario nos remite a la historia, donde los aranceles impuestos en la década de 1929 tuvieron consecuencias negativas drásticas: el Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos se contrajo en un 26% y el comercio mundial se desplomó en un 66% entre 1929 y 1934, lo que culminó en un colapso del consumo, inflación y desempleo.
Hoy en día, parece evidente que la intención declarada de abordar desequilibrios comerciales se ha desdibujado en un esfuerzo por premiar la alineación política y castigar la independencia de ciertos países. Las decisiones de Trump parecen dirigidas a reforzar sus prioridades políticas en lugar de seguir las reglas establecidas por la Organización Mundial del Comercio (OMC).
La lógica detrás de los aranceles más altos, que deberían aplicarse a las naciones con superávits comerciales significativos con Estados Unidos, resulta discordante. Brasil, a pesar de tener un pequeño superávit, enfrenta un arancel del 50%. La razón política detrás de esta medida parece vincularse a la alineación de Brasil con el grupo BRICS, que representa un bloque regional que desafía las políticas norteamericanas.
Similar es la situación con Myanmar, que tiene un arancel del 40%, aun cuando su déficit comercial con Estados Unidos es bajo, reflejando su dependencia del apoyo militar y económico de China. De igual manera, India, junto a China y Rusia, representa un reto para la administración de Trump y recibe un arancel del 50%.
En un contexto diferente, países aliados como la Unión Europea y Japón han negociado aranceles más favorables, fijados en un 15%. México, que mantiene más del 80% de su comercio binacional bajo el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), se beneficia con un arancel inferior al 7%, aunque enfrenta tarifas más altas en la exportación de acero, aluminio y cobre.
A diferencia de administraciones pasadas —bajo Clinton, Bush y Obama— que vincularon el comercio con políticas de seguridad a través de acuerdos formales y multilaterales, la administración actual ha adoptado un enfoque inverso: establecer aranceles y luego discutir sus implicaciones. Este cambio de paradigma deja un impacto notable tanto en la política interna como en las relaciones internacionales.
La información aquí presentada se basa en datos hasta el 11 de septiembre de 2025, lo que invita a la reflexión sobre la evolución tácita de un sistema que está en constante transformación.
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