El manejo de las plazas docentes en México ha vuelto a ocupar el centro del debate público tras las recientes protestas magisteriales. Marco Fernández, coordinador del Programa de Anticorrupción y Educación de México Evalúa, ha manifestado que esta función debe ser exclusivamente del Estado mexicano. En su crítica, Fernández señaló que en ningún otro país se permite que un sindicato, como es el caso de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), decida quién puede ser maestro.
La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha propuesto a la CNTE iniciar un proceso de diálogo para derogar la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm) y establecer una nueva estructura para la apertura de plazas y la asignación de ascensos. Esta iniciativa ha llevado a la CNTE a consultar a sus bases sobre la continuidad de su huelga nacional, barajando la opción de un “repliegue táctico” que permita evaluar las propuestas del gobierno federal.
En este contexto, la CNTE ha argumentado que la eliminación de la Usicamm, impulsada por su movilización, le devolvería al magisterio la capacidad de autorregulación en la gestión de las estructuras docentes. Sin embargo, la investigadora de políticas educativas Alma Maldonado, del Cinvestav, ha advertido que este planteamiento podría significar un mayor control político sobre los docentes. Según ella, lo ideal sería que el sindicato participara en el proceso únicamente como observador, ya que no existen justificaciones académicas o legales que respalden su intervención en la asignación de plazas o ascensos.
Erik Avilés, de Mexicanos Primero, ha enfatizado la necesidad de que los procesos de contratación y ascenso se realicen con transparencia y mediante criterios meritocráticos. De no hacerlo, advirtió, existe el riesgo de recaer en prácticas del pasado, como las comisiones mixtas, que permitieron a los sindicatos asignar plazas mediante un cuestionado “marchómetro”.
En medio de este panorama, destaca que en México hay actualmente 1.6 millones de maestros en educación básica en el sector público. Durante el ciclo escolar 2024-2025, la Usicamm, compuesta por diversas autoridades de la SEP y autoridades educativas estatales, asignó 142 mil 539 plazas. Este contexto resalta la importancia de definir un mecanismo claro y transparente para la gestión de las plazas docentes, evitando la posibilidad de pactos entre sindicatos y funcionarios que se aprovecharían de estas asignaciones.
Las decisiones que se tomen en los próximos días no solo impactarán la estructura del sistema educativo mexicano, sino que definirán también el futuro del magisterio y la calidad de la educación en el país.
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