La violencia en Sinaloa ha llevado a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a intensificar su presencia militar en la región. Este 1 de julio de 2026, se desplegaron 1,000 elementos adicionales del Ejército Mexicano, elevando el compromiso del gobierno federal para fortalecer las operaciones de seguridad ante la creciente rivalidad entre grupos del crimen organizado.
La misión de estos efectivos es clara: realizar patrullajes y reconocimientos terrestres, así como implementar acciones disuasivas en zonas prioritarias, siempre alineados con la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y con un firme respeto a los derechos humanos. Este nuevo despliegue se suma a los esfuerzos realizados tras la captura de Ismael “El Mayo” Zambada en julio de 2024, un evento que marcó un antes y un después en la dinámica del crimen organizado en la región.
Desde aquella detención, la Sedena activó un contingente inicial de 400 militares en Culiacán para contener los primeros enfrentamientos. Posteriormente, en los meses de agosto y septiembre de 2024, se enviaron otros dos contingentes de 600 soldados cada uno, en respuesta a la escalada de violencia. A lo largo de 2025, la presencia militar siguió aumentando; para agosto de ese año, se incorporaron cerca de 1,500 efectivos adicionales. Según estimaciones oficiales y periodísticas, a mediados de 2025 había más de 10,000 soldados desplegados en Sinaloa.
Recientemente, el 29 de enero de 2026, la Sedena reportó el envío de 1,600 elementos, incluidos 90 de Fuerzas Especiales, distribuidos entre Culiacán y Mazatlán, encargados de tareas de prevención, patrullaje y disuasión. Esta intensificación de operaciones se ha visto reflejada en ciertas métricas de seguridad: entre enero y mayo de 2026, los homicidios dolosos disminuyeron en un 20.4%, pasando de 559 a 445 casos. Además, el robo total mostró una reducción del 21.8%, al igual que el robo de vehículos, que tuvo una notable disminución del 69.3%, con 893 denuncias frente a las 2,910 del año pasado.
Sin embargo, no todos los indicadores son positivos. Durante el mismo periodo, el número de secuestros se incrementó, pasando de dos a seis casos, lo que plantea un desafío adicional frente a los significativos avances en otras áreas delictivas.
El panorama en Sinaloa continúa siendo complejo y delicado. Las estrategias de seguridad federal, aunque mostradas en cifras alentadoras, requieren seguimiento continuo y adaptación para responder adecuadamente a la realidad cambiante del crimen organizado y sus ramificaciones. La situación es un recordatorio de que la lucha contra la violencia y el delito en México es una tarea multifacética que demanda tiempo y recursos, así como una coordinación efectiva entre las diferentes instancias gubernamentales.
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