El expresidente Enrique Peña Nieto ha desmentido de manera contundente las acusaciones que lo vinculan con la recepción de sobornos de empresarios israelíes en relación a la venta del software espía Pegasus durante su administración. Este pronunciamiento se da en un contexto marcado por un reportaje publicado por el medio israelí The Marker, en el que se afirma que Avishai Neriah y Uri Ansbacher habrían entregado 25 millones de dólares al exmandatario para asegurar contratos gubernamentales.
Peña Nieto, por medio de su cuenta oficial en X, calificó estas afirmaciones como “totalmente falsas” y señaló la ausencia de rigor periodístico en la cobertura de dichas acusaciones. En sus declaraciones, expresó su lamento por la circulación de información “dolo” que no presenta evidencias concretas, invitando a reflexionar sobre las motivaciones detrás de estas publicaciones.
El reportaje de The Marker detalla cómo los empresarios mencionados consideraron la suma de 25 millones de dólares como una “inversión conjunta” que les permitiría obtener acceso privilegiado a funcionarios de alto nivel en el gobierno mexicano. La relación entre Peña Nieto y Neriah se habrían iniciado cuando este último asumió el cargo de cónsul honorario de México en Haifa, hecho que facilitó su acercamiento con el círculo íntimo de la administración del entonces presidente.
Además, la investigación destaca que las autoridades federales fueron clasificadas en función de su relación con los empresarios, donde Peña Nieto aparece bajo el alias “el hombre mayor” o simplemente como “N” en un laudo arbitral relacionado con el caso. La disputa entre Neriah y Ansbacher, según el reportaje, ha sido objeto de atención judicial, llegando hasta un tribunal civil en Jerusalén. Ansbacher había solicitado el reembolso de parte de la inversión, argumentando que el acceso a Peña Nieto representaba un activo de valor compartido, valorando cada reunión con él en cinco millones de dólares. Sin embargo, su demanda fue desestimada tras comprobarse que había recibido una compensación anterior.
Este desarrollo no solo arroja luz sobre cuestiones de transparencia y conflictos de interés en la política mexicana, sino que también plantea importantes interrogantes sobre la relación entre el sector privado y las decisiones gubernamentales en el contexto de la tecnología de vigilancia. La naturaleza delicada de este asunto continúa captando la atención del público y los medios de comunicación, lo que sugiere que los ecos de estas acusaciones seguirán resonando en el ámbito nacional e internacional.
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