La sesión de control de este miércoles en el Parlament ha servido para pasar revista al momento anímico del Ejecutivo catalán tras la montaña rusa de la crisis sarda —la detención y posterior liberación del expresidente Carles Puigdemont en Italia— y el cisma creado por el intento fallido de la CUP de tirar adelante un referéndum de independencia en esta legislatura.
Los socios del Govern, ERC y Junts, se tantearon de cara a la próxima prueba sobre su cohesión: la negociación de los Presupuestos Generales del Estado, cuyo futuro depende del apoyo republicano. Las intervenciones dejaron claras las posiciones de partida: los de Puigdemont insisten en llegar algún tipo de acuerdo interno previo para presionar al Ejecutivo de Pedro Sánchez, mientras que en ERC rechazan una política de bloque aunque se abren a hacer piña y pactar puntos claves de las cuentas.
“Comencemos a trabajar desde el conjunto del independentismo para una posición compartida sobre esta nueva oportunidad”, ha instado en su turno de palabra el portavoz de Junts en el Parlament, Albert Batet al president, Pere Aragonès.
La tramitación de las cuentas, ha continuado el diputado, “son una palanca de presión” a Sánchez que “la mayoría del 52% no puede desaprovechar”, en referencia al triunfo independentista en las pasadas elecciones catalanas. Batet ha conectado así el futuro debate vital para el Ejecutivo central con la situación judicial de su jefe de filas y por extensión a la resolución del conflicto político.
Aragonès ha recogido el guante de sus socios, aunque limitando esa posible unidad de acción a puntos específicos en el articulado del borrador que prepara el Gobierno y le ha instado a que detalle qué quiere hacer. “Miremos qué propuestas concretas cree que pueden aportar a esta negociación y basándonos en esa propuesta se puede trabajar”, ha replicado el también coordinador nacional de ERC al líder de Junts.
La petición de Batet vuelve a poner sobre la mesa una vieja reivindicación de su partido y que ya en su día contribuyó con el bloqueo en la investidura tras las elecciones catalanas de febrero. El partido de Míriam Nogueras en Madrid solo tiene cuatro diputados mientras que los republicanos, que lidera Gabriel Rufián, son 13. Pese a ello, los de Puigdemont pretendían imponer durante las negociaciones para formar el nuevo Govern una política de unidad de voto, aunque dejando al margen los asuntos sectoriales.
Los Presupuestos Generales del Estado, que ya desbloquearon el PSOE y Podemos, se ubicaban dentro en una zona gris dentro de la idea de unidad de voto de Junts.
El apoyo de los republicanos a las cuentas —además de su abstención en la investidura y el apoyo en votaciones— ha sido siempre motivo de crítica entre los socios del Govern, ya que Junts cree que Rufián ha garantizado la gobernabilidad “a cambio de nada”.
ERC siempre ha descartado perder un ápice de su voz propia en el Congreso. El pacto de Govern finalmente rebajó el compromiso a “coordinar la acción institucional en los diversos ámbitos parlamentarios” y Aragonès se ciñó ayer a ese guion. Es decir, habrá posiblemente alguna negociación pero el sentido del voto final en el debate presupuestario lo decidirá en exclusiva el partido republicano. La estrategia de los de Oriol Junqueras para conseguir que el Gobierno se avenga al referéndum pasa precisamente por ser definitivos en la gobernabilidad y, por tanto, estar en condición de forzar cambios.
“Si Rufián advirtió al Gobierno que tendrá que sudar para tener el voto de ERC, con Junts tendrá que hacerlo aún más”, resume una fuente de la dirección de Junts para explicar cuál será su estrategia en Madrid.
Los de Puigdemont aseguran que comenzarán a trabajar en alguna propuesta para buscar esa posible alianza a priori con los socios en el Ejecutivo aunque de momento, teniendo muy presente la necesidad de buscar también ejercer algún tipo de presión para lograr “revertir la represión” contra el independentismo.
Hay temas calientes donde costaría poco tejer complicidades entre los grupos independentistas como la gestión de Rodalies, la protección del catalán en la futura Ley audiovisual o la cesión de la sede de la jefatura de la Policía en la Via Laietana de Barcelona. Aragonès insistió ayer también en la amnistía, al tenor de lo sucedido en Italia con Carles Puigdemont y reivindicó esa medida como una solución política tras el “fracaso” de la vía judicial en Europa.
