Lejos de sofocarse, el incendio político por el escándalo del espionaje a dirigentes independentistas catalanes se extiende y agrava por momentos. ERC, insatisfecha con las explicaciones que ha recibido hasta ahora en público y sobre todo en privado por parte del Gobierno, ya amenaza abiertamente con romper la mayoría de la investidura. Los 13 escaños de ERC son claves para la mayoría de las leyes. Los republicanos han trasladado ya un mensaje claro al Ejecutivo, en público y sobre todo en privado: si quieren recuperar la confianza, necesitan que alguien asuma responsabilidades: esto es, que ruede alguna cabeza política. Fuentes de ERC señalan que Pere Aragonès, el president, que también está entre los espiados, no le está exigiendo a Pedro Sánchez la caída de un cargo concreto —un ministro o la máxima responsable del CNI—, pero sí le ha dicho claro que este asunto no se resolverá solo con buenas palabras y alguien tiene que caer.
Aragonès se pasó ayer todo el día en Madrid para conceder varias entrevistas, reunirse con los grupos políticos que exigen una comisión de investigación sobre este escándalo —incluido Unidas Podemos, miembro de la coalicion de Gobierno— y trasladar un mensaje claro: “Esto no se soluciona con una reunión [entre él y Sánchez]. Alguien debe asumir responsabilidades, y es el Gobierno el que debe decidir el nivel. La confianza en estos momentos es cero. A partir de las decisiones que tome o no tome el Gobierno, decidiremos qué pasará con el resto de la legislatura”, señaló en una comparecencia a las puertas del Congreso. Aragonès admitió en una entrevista en la Cadena SER que Sánchez y él se han intercambiado mensajes en los que el presidente le ha trasladado su apoyo, pero insiste en que aún no tiene ni una explicación formal de lo que ha pasado ni una solución política.
Desde el Ejecutivo insisten en que el contacto con la Generalitat es permanente, no solo entre presidentes sino entre los equipos —sobre todo Óscar López, el jefe de Gabinete de Sánchez, y Sergi Sabriá, que lidera el de Aragonès— para buscar una solución. La voluntad del Ejecutivo, añaden fuentes del Gobierno, es la de dar todos los pasos necesarios para recuperar la confianza. Incluida la posibilidad de que los líderes se reúnan y se reactive cuanto antes la mesa de diálogo. Pero el problema con el espionaje es que el Gobierno no admite en ningún momento que se haya producido y, por tanto, mucho menos puede ofrecer la cabeza de algún responsable. La ministra de Defensa, Margarita Robles, de quien depende el CNI, argumenta que no puede comentar nada sobre sus actividades, lo que abre paso a todas las especulaciones. Pero sí asegura que todo lo que hace este centro es “con todas las garantías que establece la ley”: esto es, que si hubiera intervenciones sería con autorización judicial, como fija la norma. Mientras, desde Unidas Podemos, Pablo Echenique pide que “rueden cabezas” si se ha hecho algo sin instrucciones del Ejecutivo o que “se pida perdón” si se ha realizado un espionaje autorizado por un juez.
La situación es diabólica, porque el Gobierno insiste en que no tiene nada que ocultar y no tiene ninguna responsabilidad en el espionaje, pero a la vez no puede dar ninguna explicación ni confirmar o desmentir nada de las actividades del CNI porque asegura que la ley se lo impide. El asunto seguirá creciendo y no solo por ERC, sino porque varios grupos, incluido otro aliado clave, el PNV, van a seguir presionando. De hecho, su portavoz, Aitor Esteban, preguntará el miércoles a Robles sobre este asunto.
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