Los principales grupos políticos catalanes ―PSC, ERC, Junts per Catalunya y En Comú Podem― alumbraron este martes un nuevo acuerdo sobre el uso de las lenguas oficiales en la educación, en un intento de dar respuesta a la sentencia que obliga a que, antes del próximo mes, el castellano sea utilizado como lengua vehicular (docente) en al menos un 25% de las horas. El pacto, políticamente relevante por incluir en su seno a partidos independentistas y no independentistas, navega entre ambigüedades para lograr el consenso. La norma establece que el catalán, como lengua propia de Cataluña, es la lengua “normalmente utilizada como vehicular y de aprendizaje”, y que el castellano lo será según los criterios lingüísticos que fije cada centro, catalogándolo por primera vez como lengua curricular. “La enseñanza y el uso curricular y educativo del catalán y del castellano deben estar garantizados”, dice el texto, que se aprobará en el Parlament esta misma semana. La norma no fija cuotas y no está claro que pueda servir para dejar sin efecto la sentencia del 25% dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), como pretenden los independentistas. El PSC asegura que la ley servirá para dar un mejor cumplimiento a lo que han dictado los jueces.
El acuerdo anunciado este martes llega después de dos meses de conflicto por el descuelgue de Junts de un primer acuerdo alcanzado en marzo, y que ya daba entrada al castellano como lengua de aprendizaje sin equipararla, eso sí, al catalán. Tras el registro del texto, Junts, ERC y En Comú Podem han celebrado que el pacto “blinda”, según ellos, el modelo actual, en el que la única lengua vehicular es el catalán. Los socialistas han resaltado que el catalán se mantiene como “centro de gravedad” del sistema y el castellano será lengua de aprendizaje, con lo que consideran que se da cumplimiento a la sentencia. Las diferencias de interpretación del texto son, pues, destacables. Mientras que los partidos que apoyan al Govern (ERC y Junts) consideran que la ley permite evitar el cumplimiento de la sentencia del 25%, los socialistas creen que sí se acatará la sentencia, pero con un mayor margen de actuación por parte de cada centro. El plazo para cumplir la sentencia vence el martes 31 de mayo, y el tribunal ha dictado que el 25% de castellano debe aplicarse en todos los centros educativos de Cataluña.
Junts se jactó de que el texto de la nueva ley es mucho más claro que el del pacto de marzo, y ofrece más “seguridad jurídica” a los directores de los centros para poder determinar la proporción del uso de las lenguas en sus proyectos educativos. Lo cierto es que ahora habrá tres leyes que mencionan el uso de las lenguas, que puede que no choquen entre sí pero establecen cosas distintas: la Ley de Educación, la Ley de Política Lingüística y la norma que se aprobará esta semana. Esta última es la que promete ser más polémica, porque los independentistas quieren utilizarla para dejar clara su oposición a la sentencia del 25%.
El texto será debatido el miércoles por lectura única y en principio será aprobado el viernes. Con posterioridad, el Govern prevé celebrar un Consell Executiu en el que aprobará un decreto para asumir la responsabilidad en la que puedan incurrir los centros si no aplican la sentencia del 25% de castellano. La CUP, que considera que el concepto “lengua curricular” es equivalente a “vehicular”, se ha desmarcado de la doble iniciativa, la del Parlament y la del decreto-ley, porque cree que acaba con el modelo de inmersión en catalán.
Los cuatro grupos han subrayado el esfuerzo que han realizado para alcanzar el consenso y creen que tantos días de negociaciones “enriquecen” el acuerdo. Marta Vilalta, portavoz de ERC, ha recordado que el consenso representa a 103 diputados sobre los 135 diputados del Parlament, un 80% del total. También ha rechazado que los tribunales puedan ejercer “injerencias” sobre la lengua en las escuelas y ha reivindicado que cada centro pueda aplicar las cuotas lingüísticas según su realidad social y pedagógica. La proposición no de ley, que se aprobará de forma urgente y en lectura única, lleva por título “sobre uso y aprendizaje de las lenguas oficiales en la educación no universitaria”.
El texto, con dos artículos y tres disposiciones adicionales, establece que el catalán es normalmente la “lengua vehicular y de aprendizaje” en el sistema educativo y que también lo es en la acogida de alumnos recién llegados a Cataluña. El castellano lo es, prosigue el articulado, en los términos que fijen los proyectos lingüísticos de cada centro en función de una serie de criterios. Esos condicionantes son que “la enseñanza y el uso curricular y educativo de las dos lenguas estén garantizadas”; que la presencia de las lenguas tenga en cuenta la situación sociolingüística y que los proyectos se adecuen a lo que fije el Departamento de Educación.
El acuerdo se ha cerrado in extremis. El 24 de marzo, los cuatro grupos firmaron la reforma de la Ley de Política Lingüística, que definía al catalán como lengua vehicular y de aprendizaje. En una segunda frase, añadía que el castellano “también” era utilizado en los términos que definieran en cada centro, pero Junts se descolgó horas después de firmarlo y empezó entonces un larguísimo periodo de negociaciones. Alicia Romero, portavoz socialista, ha afirmado que la diferencia respecto a marzo es que han cambiado de instrumento jurídico y que para ellos, el término “uso curricular” equivale a “vehicularidad”. “Así lo opinan los expertos”, ha afirmado Romero, que esta mañana había advertido de que no aceptarían ningún acuerdo que tratara al castellano como “lengua extranjera”.
La cúpula de Junts ha resaltado que el acuerdo se ha ampliado con la complicidad de la comunidad educativa. “El catalán es la lengua vehicular; se protege a los docentes y será la lengua de acogida para los niños recién llegados”, ha dicho la portavoz, Mònica Salas, acompañada de Jordi Sánchez, secretario general del partido. La ley de normalización lingüística, de 1998, no contemplaba que el castellano fuera vehicular y, según Junts, ahora tampoco porque el castellano, dicen, se impartirá en función de criterios pedagógicos y en función de la realidad de cada centro.
David Cid, portavoz de los comunes, ha celebrado el acuerdo al considerar que blinda “el catalán y la inmersión”. “La inmersión lingüística y el catalán tiene una larga vida en la escuela pública catalana”, ha afirmado, señalando que era básico regular la nueva situación en una ley. El portavoz ha afirmado que el texto no difiere demasiado del suscrito el día 24, pero sí que ha reconocido que han escuchado a la comunidad educativa. “Ha sido un acuerdo sólido y transversal. Y es una muy buena noticia”.
Por contra, Ciudadanos, partidario de que catalán, castellano e inglés sean vehiculares, ha deplorado el acuerdo. La formación naranja considera desde hace semanas que los independentistas y socialistas solo buscan “subterfugios” para incumplir la sentencia. “Como era de esperar, la ley tramposa no recoge el derecho al mínimo del 25% de español en todas las aulas de Cataluña”, ha dicho Carlos Carrizosa, portavoz de Ciudadanos. “Eso sí, pone en la diana a los directores de centro, intentando desviar la responsabilidad directa de [Josep] Gonzàlez-Cambray”, en referencia al consejero de Educación. “Vergüenza de PSC y de política catalana”, ha añadido. El popular Alejandro Fernández ha señalado que la ley ha buscado la fórmula para incumplir la sentencia y que, por tanto, no podrán apoyarla. “Lo de lengua de aprendizaje es un subterfugio que no compromete legalmente a nada. Y esa es una idea muy típica de los socialistas”.
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