El Gobierno estará en vilo hasta el último minuto para saber si tiene el campo expedito en el Congreso a los Presupuestos Generales del Estado. ERC y PNV mantienen la amenaza de presentar enmiendas para pedir la devolución del proyecto, horas antes de que termine el plazo para presentarlas, a las 14.00 de este viernes. En el caso de Esquerra, la incertidumbre se mantendrá hasta el final: ha convocado a su ejecutiva a las 11 de la mañana para tomar una decisión.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, volvió a apelar este jueves en Trujillo (Cáceres), a la responsabilidad de los partidos para facilitar una “recuperación [económica] justa”. Pero ERC y PNV aprietan al máximo en sus demandas más particulares. Los republicanos exigen que la futura ley del audiovisual ceda una cuota mínima para el catalán en plataformas televisivas como Netflix, mientras el PNV martillea con que se cumplan las transferencias pendientes al País Vasco. Ambas formaciones solo dejaron este jueves el mensaje de que tienen sus enmiendas a la totalidad listas y redactadas y que continuaban sus contactos con el Ejecutivo hasta la extenuación.
Los negociadores de ERC y del PNV
mantuvieron charlas e intercambios de papeles durante todo el jueves y no descartaban apurar esas gestiones hasta las dos de la tarde de este viernes, la hora límite para registrar en el Congreso enmiendas a la totalidad. Ya lo hicieron, sin demasiadas sorpresas, los tres partidos del centro y la derecha, PP, Vox y Ciudadanos, con similares argumentos: no se creen nada los números y previsiones optimistas del Ejecutivo y denuncian que el proyecto está entregado a las exigencias nacionalistas y populistas. También lo hizo Junts, que entiende como ERC que fijar cuotas para los idiomas cooficiales en las plataformas audiovisuales debería de ser una línea irrenunciable. El partido de Carles Puigdemont insta a los republicanos a sumarse a su bando y mover al Gobierno con nuevas negociaciones.
ERC lleva advirtiendo semanas de que el Ejecutivo no estaba tomando nota de sus demandas. Los republicanos han explicado a sus interlocutores que no se trata solo de proteger el catalán, sino de todo un sector que en Cataluña genera 6.702 millones de euros y 26.651 empleos. El proyecto de ley del audiovisual está impulsado por la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, muy reacia a las demandas nacionalistas porque teme que puedan poner en peligro las inversiones en España de las grandes plataformas. Fuentes de ERC solo constataron “pequeños avances” al respecto, informa Camilo S. Baquero.
El PNV reprocha al Ejecutivo que no haya cumplido 25 compromisos pactados el año pasado para aprobar los vigentes Presupuestos. Eso aumenta su desconfianza ante nuevas promesas, como la transferencia de la gestión del Ingreso Mínimo Vital, acordada en mayo del año pasado.
EH Bildu, cuyos cinco diputados pueden ser decisivos, descarta, sin embargo, presentar enmienda a la totalidad, salvo algún imprevisto de última hora, según señalaron fuentes de ese grupo. Eso no significa que garantice su apoyo a los Presupuestos cuando llegue la votación final, según las mismas fuentes, ya que para ello esperan más negociaciones con el Gobierno. EH Bildu insiste en reclamar medidas para avanzar en “derechos sociales y económicos”. La situación de los presos etarras queda al margen, aseguran estas fuentes.
Del resto de grupos de menor tamaño, solo la CUP, con dos diputados, ha anunciado que también votará por devolver las cuentas al Ejecutivo. “No podemos apoyar a un Gobierno que niega sistemáticamente el derecho de autodeterminación”, declaró su parlamentaria Mireia Vehí. Otras formaciones como Más País o el BNG se inclinan por permitir el trámite de los Presupuestos, aunque también quieren negociar posteriormente contrapartidas para su apoyo final.
Una de las cuestiones que planea en paralelo a la negociación presupuestaria es la demanda del PNV y de los grupos más a la izquierda de derogar la ley mordaza, empantanada desde hace tres años. PSOE y Unidas Podemos han retomado las conversaciones para desbloquear el asunto y este jueves fuentes del socio minoritario anunciaron avances. Los dos grupos están de acuerdo en modificar los artículos que prevén sanciones para algunas protestas públicas que previamente no fuesen comunicadas a las autoridades y en retirar las restricciones a la toma de imágenes de policías en sus actuaciones públicas.
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