Turquía y Hungría se han convertido en el último escollo para que Finlandia y Suecia entren en la OTAN, como aprobaron de forma exprés los miembros de la Alianza en la cumbre de Madrid del pasado junio. Sus Parlamentos son los únicos de los 30 socios que todavía no han ratificado los protocolos de adhesión. En un giro de guion, Ankara ha abierto ahora la puerta a la adhesión de Finlandia, pero las negociaciones con Suecia siguen encalladas. Turquía está dispuesta a mantener su veto hasta lograr concesiones.
“Mientras las organizaciones terroristas sigan manifestándose en Suecia, mientras sigan representadas en el Parlamento, nuestra posición hacia Suecia no será positiva”, afirmó el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, en una rueda de prensa el jueves en la primera cumbre de la Comunidad Política Europea en Praga. En cambio, al referirse a Finlandia, dejó abierta la posibilidad de que Turquía apruebe su entrada a la OTAN si se vota su candidatura por separado: “Mantuve una breve conversación con la señora [primera ministra, Sanna Marin], que fue bien. Le expliqué que nuestras relaciones con Finlandia son diferentes de aquellas con Suecia, porque en Finlandia los terroristas no campan a sus anchas”.
Ankara presentó varias demandas a Helsinki y a Estocolmo y, por el momento, se da por satisfecha con la respuesta recibida del Ejecutivo finlandés. En cambio, las negociaciones con Suecia se han topado con importantes obstáculos: Ankara considera que Columna Digital escandinavo no está cumpliendo los compromisos adoptados en Madrid. Y eso a pesar de que la agencia sueca encargada de otorgar licencias para la exportación de armamento anunció la semana pasada que ha levantado el embargo que pesaba desde 2019, a raíz de una incursión militar turca contra las milicias kurdas de Siria.
El principal escollo se debe a la presencia en Suecia de una importante comunidad kurda, muchos de ellos emigrados desde Turquía durante los periodos más duros del conflicto entre el grupo armado Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK) y las fuerzas de seguridad turcas, cuando se recurrió a tácticas de guerra sucia y desapariciones. No es infrecuente, por ello, que en las calles de Estocolmo haya manifestaciones con los emblemas del PKK, que está incluido en las listas de organizaciones terroristas de la Unión Europea y Estados Unidos. Más compleja es la situación respecto a las milicias kurdas YPG, en cuyo territorio en Siria Suecia financia proyectos de ayuda al desarrollo. Este grupo es considerado terrorista por Ankara, dada su relación orgánica con el PKK, pero no por la UE y EE UU, para quien ha sido el principal aliado sobre el terreno en la lucha contra el Estado Islámico. Turquía ha exigido a Suecia la extradición de una treintena de ciudadanos turcos, si bien entre los nombres filtrados a la prensa turca no se halla nadie con delitos de sangre, lo que dificulta a las autoridades suecas cumplir con las demandas. Esta semana, estaba prevista una visita a Turquía de una delegación sueca para tratar esta cuestión, pero las negociaciones se han visto empañadas por la airada protesta del Gobierno turco sobre un programa satírico de la televisión pública de Suecia en el que se caricaturizó a Erdogan.
En Praga, Erdogan mantuvo una breve conversación con la primera ministra saliente de Suecia, la socialdemócrata Magdalena Andersson, pero explicó que esperará a la formación del nuevo Gobierno tras las elecciones del mes pasado en las que venció el bloque conservador. En Ankara creen que un Gobierno más escorado a la derecha será más proclive a sus exigencias que el saliente de izquierdas, cuya mayoría parlamentaria dependía de una diputada de origen kurdo-iraní, la exguerrillera Amineh Kakabaveh, una de cuyas demandas había sido mantener el apoyo a la causa kurda.
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Hungría, en la indefinición
Hungría sigue la línea habitual del Gobierno ultraconservador de Viktor Orbán: estirar la indefinición en el tiempo mientras juegue a su favor. Budapest no ha dicho que vaya a rechazar la adhesión de los países nórdicos a la Alianza, pero tampoco ha mostrado urgencia alguna en aprobarla. Con el retraso, consigue además proyectar la sombra del veto, una herramienta que emplea con frecuencia en política exterior. En los últimos meses, el Gobierno de Viktor Orbán, aliado del Kremlin, ha lastrado la aprobación de algunas rondas de sanciones de la UE contra Rusia y ha puesto en riesgo la unidad frente a Vladímir Putin.
Budapest estuvo de acuerdo en la cumbre de Madrid en comenzar el camino para que Suecia y Finlandia se sumen a la Alianza, pero siempre se mostró sensible al “punto de vista de Turquía”. Con todo, el Gobierno de Orbán envió al Parlamento los protocolos de adhesión en julio. El problema es que el asunto todavía no está en la agenda parlamentaria.
El partido socialista de Hungría (MSZP) trató este lunes de forzar la votación y propuso al Parlamento introducir en el orden del día del martes la promulgación de los protocolos. La propuesta fue rechazada por el presidente de la Cámara, que argumentó normas parlamentarias. Fidesz, el partido de Orbán, apoyó la decisión.
Ese movimiento en el Parlamento ha sorprendido a István Kiss, director ejecutivo del think tank Danube Institute, cercano al Gobierno. “No descarto que [Fidesz] quiera utilizarlo como moneda de cambio”, responde sobre la posibilidad de que el retraso en la ratificación sea intencionado, pero recuerda que los problemas de Hungría son con la UE —que ha iniciado el mecanismo de condicionalidad con el que puede bloquearle la financiación europea—, no con la OTAN. Kiss prefiere pensar que si Hungría no ha aprobado ya los protocolos es porque tiene problemas internos más acuciantes y cree que terminará haciéndolo. “Pero solo estoy seguro al 90%, porque nunca se sabe”, concluye.
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